La Dirección General de Defensa del Consumidor de Córdoba aplicó multas por más de $386 millones a bancos y billeteras virtuales por incumplimientos en medidas de seguridad y atención a usuarios afectados por estafas digitales.
Las multas se originaron en denuncias de usuarios cordobeses víctimas de fraudes digitales y ciberdelitos, que revelaron fallas en los sistemas de prevención de las entidades financieras.
Entre las entidades sancionadas figuran las siguientes:
La investigación determinó que estos bancos y billeteras no brindaron información clara ni suficiente a los clientes, omitieron garantizar estándares de seguridad adecuados y demoraron la atención de reclamos.
La medida se enmarca en la Ley Nacional N.º 24.240 de Defensa del Consumidor, que obliga a los proveedores financieros a garantizar la seguridad de las operaciones electrónicas y a resguardar los intereses económicos de los usuarios.
Además, se constató el incumplimiento de la normativa del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que exige herramientas eficaces para detectar operaciones sospechosas, análisis integrales de riesgo y medidas preventivas proporcionales al nivel de exposición.
En concreto, las multas acumuladas superan los $386.204.804,30, según el detalle oficial.
En paralelo, la Dirección de Defensa del Consumidor inició una investigación de oficio que involucra a todos los bancos y billeteras virtuales que operan en Córdoba.
Las entidades deberán presentar planes de mitigación de riesgos, metodologías de detección de fraude y medidas adicionales de seguridad para prevenir estafas digitales.
El organismo provincial también recordó recomendaciones básicas para los usuarios: no compartir claves ni códigos de verificación, evitar atender llamadas de desconocidos, no ingresar a enlaces sospechosos y nunca permitir que terceros guíen la configuración de aplicaciones bancarias o de mensajería.
El objetivo es fortalecer la protección de los consumidores y obligar a las entidades financieras a elevar sus estándares de seguridad, en un contexto donde el uso de billeteras virtuales y pagos digitales crece de manera exponencial.
En lo que va de 2026, el BCRA reforzó las medidas de seguridad para bancos y billeteras virtuales, imponiendo nuevas reglas de transparencia, supervisión y control.
El objetivo es reducir vulnerabilidades frente al fraude digital y garantizar estándares internacionales de protección para los usuarios.
El BCRA modificó la normativa que rige a los Proveedores de Servicios de Pago (PSP), conocidos como billeteras virtuales, introduciendo tres cambios centrales:
Nueva figura PSPCP como Servicio: por primera vez se regulan los proveedores que ofrecen cuentas de pago a través de terceros. La norma establece que los clientes de esos terceros son considerados clientes del PSP principal, y exige que la operatoria indirecta cumpla los mismos estándares de seguridad que la directa
Nuevas obligaciones de información: los PSP deben declarar datos adicionales al BCRA, como la identificación del banco patrocinante y la nómina de entidades habilitadas si operan bajo el esquema de PSPCP como Servicio
Plazos ampliados para operar: los proveedores inscriptos disponen ahora de 12 meses para iniciar operaciones, el doble del plazo anterior, en reconocimiento de las complejidades técnicas de integración con otros actores del sistema de pagos
La normativa también incorporó nuevas causales de baja que permiten al BCRA dar de baja a un proveedor por iniciativa propia, además de la posibilidad de salida voluntaria. Los PSP ya inscriptos tienen 90 días corridos para adecuarse a las nuevas reglas.