La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó un nuevo régimen de facilidades de pago que permitirá a empresas en concurso preventivo o quiebra regularizar sus deudas en hasta 120 cuotas, con tasas reducidas y condiciones más flexibles.
La medida, que entrará en vigencia a partir del 15 de julio de 2026, busca dar oxígeno financiero a compañías en crisis sin resignar el cobro de créditos fiscales.
La iniciativa fue oficializada mediante una nueva resolución general que sustituye el régimen especial anterior e incorpora cambios tanto en las condiciones de acceso como en el universo de obligaciones alcanzadas.
Con una ampliación significativa de los plazos de financiación, las obligaciones impositivas y aduaneras podrán cancelarse en hasta 120 cuotas, mientras que los aportes personales, retenciones y percepciones tendrán un tope de 60 cuotas.
Por primera vez, se incorporan al régimen las deudas por verificaciones tardías, que también podrán regularizarse en hasta 60 cuotas.
En tanto, la tasa de interés de financiación se fijó en el 50% de la tasa resarcitoria vigente, lo que representa un ahorro directo para las empresas.
Con una tasa resarcitoria cercana al 4% mensual, la financiación quedaría en torno al 2% mensual, reduciendo de manera significativa el costo financiero.
En concreto, el régimen está disponible para las siguientes categorías bajo ciertas condiciones:
Para adherir, las compañías deberán contar con Domicilio Fiscal Electrónico, presentar las declaraciones juradas correspondientes y tener declarado un CBU para el débito automático de las cuotas.
Las empresas que propongan planes por más de $500 millones deberán comprometerse a no distribuir dividendos ni utilidades durante la vigencia del plan, garantizando que los fondos se destinen a la recuperación financiera.
La Resolución General 5873/2026 entrará en vigencia el 15 de julio de 2026 y reemplaza la RG 3587.
El objetivo de ARCA es flexibilizar las condiciones de adhesión, ampliar el universo de deudas regularizables y optimizar el procedimiento de recuperación de créditos tributarios.
La medida apunta a dar previsibilidad a empresas concursadas o quebradas, ofreciendo una salida más ordenada y sostenible para su continuidad operativa.