La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley Súper RIGI, una iniciativa promovida por el Gobierno nacional para impulsar el desembarco de grandes inversiones en nuevas industrias y actividades consideradas estratégicas para el desarrollo económico del país.
La propuesta obtuvo el respaldo de los bloques aliados del oficialismo y avanzó pese a los cuestionamientos planteados por distintos sectores de la oposición, que advirtieron sobre los amplios beneficios otorgados a grandes compañías.
El régimen está diseñado para proyectos que superen los u$s1.000 millones de inversión y apunta especialmente a actividades vinculadas con:
Según el texto del Poder Ejecutivo, las empresas que ingresen al programa accederán a un esquema de estabilidad fiscal, aduanera y regulatoria por un plazo de 30 años.
Entre los incentivos previstos se encuentran reducciones impositivas, beneficios en el impuesto a las Ganancias, facilidades para importar bienes y equipos, y un acceso más flexible al mercado de divisas.
El Gobierno sostuvo que estas condiciones son necesarias para competir con otros países que también buscan captar inversiones de gran escala en sectores tecnológicos e industriales.
Uno de los focos principales de la iniciativa es atraer proyectos vinculados con la IA, especialmente la instalación de mega centros de datos que requieren fuertes desembolsos de capital e infraestructura energética.
Desde la oposición, en cambio, varios legisladores cuestionaron que el esquema genere un régimen de excepción para grandes corporaciones y advirtieron sobre el posible impacto fiscal de las exenciones previstas.
También surgieron críticas por la duración de los beneficios, ya que el proyecto contempla garantías regulatorias durante tres décadas para las empresas que ingresen al programa.
El oficialismo defendió la iniciativa al remarcar que el país necesita reglas de largo plazo para captar inversiones que demandan elevados montos de financiamiento y años de desarrollo antes de comenzar a generar retornos.
La aprobación en Diputados representa un paso importante para una de las principales apuestas económicas del Gobierno, que busca acelerar la llegada de capitales internacionales y fomentar el desarrollo de nuevas actividades productivas.
Tras obtener media sanción, el proyecto será enviado al Senado, donde deberá atravesar una nueva discusión legislativa antes de convertirse definitivamente en ley.