ARCA endureció los controles sobre grandes empresas y llevó a la Justicia a varios bancos de primera línea por presuntas irregularidades vinculadas al pago de aportes de la seguridad social y al impuesto a las Ganancias.
Las denuncias alcanzan a entidades como Banco Galicia, Banco Santander, Banco de Entre Ríos y Banco Santa Fe. Los expedientes fueron presentados en el fuero penal económico y en fiscalías provinciales.
El foco de los reclamos está puesto en supuestas demoras en el depósito de aportes y contribuciones retenidos a los empleados.
La normativa establece que, si esos fondos no son ingresados dentro de los 30 días posteriores al vencimiento, puede configurarse el delito de apropiación indebida de recursos de la seguridad social.
La avanzada también incluye presuntas irregularidades en retenciones de IVA y deducciones utilizadas para reducir el pago de Ganancias, entre ellas gastos vinculados a indumentaria laboral.
Además, una aerolínea fue denunciada por cuestiones relacionadas con retenciones de Ganancias y pagos al exterior.
Desde el sector financiero consideran que las denuncias son desproporcionadas y cuestionan que los casos hayan sido judicializados sin instancias previas de discusión administrativa.
En los bancos aseguran que muchos de los expedientes están vinculados a ajustes derivados de paritarias liquidadas de forma retroactiva, una situación que obliga a recalcular aportes y contribuciones, según señaló Clarín.
También sostienen que ARCA avanzó con denuncias penales sin realizar antes intimaciones. En las empresas, por otra parte, señalan que varias de las deducciones observadas por el organismo son informadas directamente por los empleados.
"Santander Argentina se encuentra al día con todas sus obligaciones fiscales, previsionales y regulatorias, y no tiene conocimiento ni ha sido notificado de ninguna denuncia por supuestos incumplimientos sobre las cargas sociales de sus empleados", aclararon desde Santander.
Además, aclaran que la entidad "opera bajo estrictos estándares de cumplimiento y control, de acuerdo con la normativa vigente, y mantiene una relación permanente de colaboración con las autoridades competentes".
La ofensiva de ARCA coincide con un momento delicado para las cuentas públicas: los datos oficiales muestran que la recaudación nacional cayó 4% interanual en términos reales durante mayo.
En el caso de los aportes y contribuciones a la seguridad social, la baja acumulada en los primeros cinco meses del año fue similar.
Las cargas sociales representan cerca del 40% de los recursos que ingresan al Tesoro. Detrás de la caída aparecen varios factores:
ARCA asegura haber detectado incumplimientos crecientes en materia de registración laboral y aportes previsionales. Durante los últimos meses realizó operativos en cadenas gastronómicas, frigoríficos, comercios y empresas de distintos sectores.
El organismo viene aplicando intimaciones para regularizar situaciones y, cuando las irregularidades no se corrigen, avanza con denuncias penales. El endurecimiento de los controles se produce en un contexto de mayor informalidad laboral. Según el INDEC, el 43% de las personas ocupadas trabajaba sin registrar al cierre de 2025, frente al 41,4% de dos años antes.
En términos absolutos, la economía informal alcanzaría a cerca de 9 millones de personas. El aumento de 1,6 puntos porcentuales equivale a unos 330.000 trabajadores más fuera del sistema formal.
La judicialización de estos casos llega además después de las intimaciones masivas a contribuyentes que habrían inflado deducciones para pagar menos Ganancias y en medio de las recomendaciones del FMI para ampliar la base tributaria.
El Gobierno argumenta que los controles forman parte de la política habitual de fiscalización y recuerda que en los últimos años se implementaron medidas de alivio para las empresas, como planes de regularización de deudas laborales, cambios en el tratamiento penal de controversias tributarias y reducciones en las contribuciones patronales.