El Gobierno Nacional derogó 58 normas vinculadas al comercio interior como parte de su estrategia de simplificación administrativa y reducción de regulaciones.
La medida fue oficializada a través de la Resolución 12/2026 y la Disposición 534/2026, publicadas este martes en el Boletín Oficial, y se enmarcó en el proceso de desburocratización impulsado por el Ejecutivo desde el inicio de la gestión.
Según fuentes oficiales, la decisión apuntó a brindar mayor claridad al marco normativo vigente, facilitar su interpretación y reducir la incertidumbre jurídica para empresas, proveedores y consumidores.
"Desde diciembre de 2023, la Secretaría de Industria, Comercio y PyME impulsa una revisión integral de la normativa vigente orientada a simplificar el entramado regulatorio y adecuarlo al marco legal actual", señalaron desde el Gobierno.
Las autoridades destacaron que, con esta nueva medida, ya fueron eliminadas 240 normas desde el comienzo de la actual administración y sostuvieron que el objetivo es simplificar el comercio, agilizar la gestión estatal y aportar mayor transparencia al funcionamiento de los mercados.
Entre las disposiciones derogadas se encuentran 22 normativas relacionadas con el Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA), una herramienta creada durante la gestión anterior para intervenir en la cadena triguera y contener el precio de los productos derivados del trigo.
De esta forma, el Gobierno consideró que este tipo de mecanismos representaban una intervención directa en los mercados.
Por otro lado, y para sorpresa de muchos, también quedaron sin efecto 30 normas vinculadas a los programas de financiamiento al consumo Ahora 12 y Cuota Simple.
Según la visión oficial, estos esquemas implicaban una intervención indirecta sobre las condiciones crediticias. Cabe recordar que Cuota Simple, que había reemplazado a Ahora 12 y permitía realizar compras en 3 y 6 cuotas fijas con tasas subsidiadas, dejó de funcionar en junio de 2025 y no fue renovado.
Durante su vigencia, miles de comercios de todo el país se sumaron al programa para ofrecer financiación accesible a los consumidores. Sin embargo, tras su finalización, bancos, billeteras virtuales y procesadoras de pago lanzaron alternativas propias para mantener las ventas en cuotas.
Sin embargo, el aumento de las tasas de interés limitó la expansión de estas opciones, especialmente entre las pequeñas y medianas empresas.
La medida reforzó el rumbo desregulador del Gobierno, que busca reducir la intervención estatal en distintas actividades económicas y simplificar el marco regulatorio vigente.