La Ley de Inocencia Fiscal fue promulgada el 2 de enero de 2026 con un objetivo ambicioso que pretendía facilitar que los argentinos con dólares fuera del sistema (en el colchón, en cajas de seguridad, en cuentas en el exterior o en efectivo) puedan usarlos sin miedo al fisco.
El mecanismo central es el Régimen Simplificado de Ganancias (RSG), un esquema en el que ARCA no controla los bienes que el contribuyente tiene al inicio ni al final del ejercicio fiscal, y que incluye un "tapón" de tres años hacia atrás.
Los números de la implementación cuentan otra historia. ARCA ya registró más de 80.000 adhesiones al RSG (cifra que el gobierno celebró públicamente y que se habría duplicado en los últimos 20 días) pero el universo objetivo supera el millón de contribuyentes.
Eso implica que apenas el 3% del potencial se materializó. Y ese porcentaje ni siquiera representa adhesiones confirmadas: la gran mayoría de quienes figuran como adheridos no presentó aún la declaración jurada, lo que significa que muchos podrían terminar presentando por el régimen general o simplemente no mover un solo dólar.
Este jueves, el ministro de Economía Luis Caputo recibió en el quinto piso del Palacio de Hacienda a un grupo reducido de tributaristas referentes:
Lo acompañaron el titular de ARCA, Andrés Vásquez, y la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy.
"Excelente reunión con el grupo de contadores, que nos explicaron en detalle sus sugerencias con respecto a la Ley de Inocencia Fiscal. Hubo consenso en que si implementamos esas modificaciones, habrá muchas más adhesiones al nuevo régimen", dijo Caputo al concluir el encuentro. También anunció que el vencimiento para adherirse al RSG (que operaba entre el 11 y el 16 de junio) se extendió hasta fines de julio, una prórroga de más de 30 días.
La reunión fue convocada dos días después de que la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas elevara una nota formal a ARCA con observaciones sobre el alcance de los topes de ingresos, el tratamiento de determinadas rentas y dividendos presuntos, la incidencia de ciertas operaciones financieras, los requisitos de adhesión y la situación de contribuyentes con actividades mixtas.
El freno más importante no es la falta de información ni la desconfianza política generalizada. Es que los profesionales que asesoran a quienes tienen dólares no declarados están encontrando problemas técnicos concretos en el texto de la ley y en la reglamentación posterior de ARCA.
El primero y más serio es el inciso G del artículo 18 de la Ley de Procedimiento Fiscal, que establece que los bancos deben reportar depósitos que no se ajustan a los ingresos del cliente ante la presunción de rentas omitidas. El decreto reglamentario de Inocencia Fiscal intentó resolver esa tensión con el artículo 10 del anexo: ese inciso no aplicaría a fondos que provengan de ingresos anteriores al año base. "Si la declaración del año base 2025 no estuviera correcta, ARCA podría valerse igual del inciso G para iniciar una acción contra el contribuyente", advierte un contador experto en el tema.
El segundo problema es una paradoja que los especialistas describen como kafkiana. ARCA está excluyendo del RSG a contribuyentes que superaron el parámetro de ingresos en 2024, precisamente porque blanquearon activos en el blanqueo de capitales de la ley 27.743. Es decir, el fisco invitó a regularizar y luego usa esa misma regularización como causal de exclusión del nuevo régimen.
En la reunión del jueves también se debatió extensamente el límite de ingresos de $1.000 millones para acceder al RSG y el tope patrimonial de $10.000 millones. Los profesionales exigieron precisión sobre qué entiende ARCA por "ingresos" (si solo los habituales o también herencias y donaciones).
Sobre la discrepancia significativa que excluiría al contribuyente del régimen (una diferencia mayor al 15% entre el impuesto pagado y lo que correspondía, o superior a $100 millones), la tributarista Roldán fue contundente: "Si bien la diferencia es el 15% del monto, por ahí una diferencia de un peso te puede sacar del régimen."
Según Litvin, los funcionarios se habrían comprometido a dictar normas aclaratorias y evaluar posibles ajustes en los montos: "Van a salir normas aclarando o modificando cuestiones que generaban incertidumbre en la interpretación. Si mejoran los topes o su forma de cálculo, más gente va a poder ingresar."
Otro reclamo que los contadores pusieron sobre la mesa (y que no encontró solución) fue el salto astronómico de las multas automáticas por demoras en presentar declaraciones juradas. La Ley de Inocencia Fiscal multiplicó por 100.000% las sanciones: la multa para personas humanas pasó de $200 a $220.000, y para empresas de $400 a $440.000. En los casos agravados, pueden llegar a oscilar entre $5 millones y $35 millones.
Economía y ARCA escucharon los reclamos, especialmente el impacto en pymes, pero no ofrecieron ninguna solución concreta. "No se avanzó mucho", reconocieron los especialistas presentes.
El dato más significativo del encuentro, confirmado por fuentes que participaron en el off, es que el Gobierno está evaluando una nueva norma jurídica específicamente diseñada para blindar a quienes ingresen al RSG ante un eventual cambio de gestión en 2027. La presencia de la secretaria de Legal y Técnica Murphy en la reunión se explica precisamente por eso.
"Están evaluando generar alguna norma jurídica para los contribuyentes que ingresen al RSG", confirmó una fuente a Infobae. "Lo más rápido posible", acotaron, sin precisar fecha.
Los especialistas hicieron hincapié en que muchos contribuyentes mantienen reservas sobre la seguridad jurídica del proceso, especialmente ante la proximidad del año electoral. El mecanismo concreto de esa eventual norma no quedó definido en la reunión.
La resistencia a sacar los dólares del colchón tiene dos capas:
El objetivo detrás de "Inocencia Fiscal" no es solo normativo, es macroeconómico. Según estimaciones del FMI, los argentinos tienen alrededor de u$s170.000 millones fuera del sistema (el INDEC ubica la cifra en u$s254.000 millones al cierre del tercer trimestre de 2025).
El Gobierno busca que al menos u$s17.000 millones vuelvan al sistema como blindaje fiscal de cara a un segundo semestre con menor oferta de divisas, sin la cosecha gruesa y con potencial volatilidad externa. La iniciativa apunta a captar alrededor de u$s2.000 millones anuales con metas más conservadoras.
Caputo está convencido de que la economía ya comenzó a recuperarse tras el shock político de las elecciones de medio término, pero sabe que aún hay segmentos que la pasan mal y que el crecimiento necesita acelerarse. Con reservas brutas que rondan los u$s46.000 millones y el BCRA comprando divisas en forma sostenida (casi u$s600 millones en una semana, con el saldo de mayo rozando los u$s1.000 millones), cada dólar que entra al sistema tiene un valor estratégico más allá del impacto fiscal directo.
El circuito virtuoso que el Gobierno imagina es claro: dólares que entran al sistema bancario generan depósitos, que generan capacidad prestable, que generan crédito más barato para empresas y familias. Con la mora en niveles récord y el crédito todavía caro, esa cadena es exactamente lo que necesita la economía para sostener la recuperación sin presionar la inflación.
Caputo puede reunirse con todos los contadores del país, ajustar la reglamentación hasta el último detalle técnico, prorrogar los vencimientos y dictar una nueva norma jurídica. Pero el verdadero obstáculo no está en el inciso G del artículo 18 ni en los topes de ingresos. Está en una pregunta que millones de argentinos se hacen en silencio antes de mover un solo dólar: ¿qué pasa si cambia el gobierno y las reglas cambian con él?
"Esos fondos no se mueven con una sola ley ni con una reunión de ministros", recuerda el contador consultado. "Requieren que quienes los tienen perciban que el sistema en el que van a ingresar es más seguro y predecible que el que ya tienen." Mientras esa percepción no cambie, los dólares del colchón van a seguir exactamente donde están.