Una trabajadora del Instituto Provincial de Viviendas y Urbanismo de Neuquén (IPVU) recibió $4 millones en su cuenta sueldo que no le correspondían. Los gastó. Y ahora la Justicia la obliga a devolverlos.
El error partió de la Dirección de Tesorería del organismo, que transfirió ese monto por una confusión entre el apellido de la trabajadora y el del destinatario real del pago.
Cuando sus superiores la contactaron para recuperar los fondos, la mujer dijo desconocer el origen del dinero y postergó cualquier explicación.
Más adelante argumentó que creyó que correspondía a un juicio ganado y que ya había usado el dinero para comprar un terreno.
El juez Martín Peliquero resolvió que existió un empobrecimiento involuntario del IPVU y un incremento patrimonial sin respaldo jurídico de parte de la demandada.
Aplicó los artículos 1794 y 1795 del Código Civil y Comercial, que regulan el enriquecimiento sin causa: basta con que una parte se haya beneficiado a costa de otra sin ley ni contrato que lo justifique.
El fallo tuvo en cuenta que la trabajadora realizó extracciones y movimientos bancarios con esos fondos después del depósito, y que en ningún momento pudo acreditar que el monto tuviera origen en sus haberes o en compensación oficial alguna.
El caso sienta un precedente para la administración pública: ante un error de tesorería, quien recibe fondos indebidos tiene la obligación de restituirlos sin importar el uso que les haya dado.
Para que proceda la figura del enriquecimiento sin causa, alcanza con verificar que una parte se benefició patrimonialmente a costa de otra sin ley ni contrato que lo avale. La confusión de apellidos no opera como justificativo.
En el fuero penal, la mujer había sido sobreseída tras pagar una multa mínima por expropiación de cosa ajena. Aun así, la justicia civil avanzó sobre la restitución del daño patrimonial.
La defensa alegó ausencia de dolo y dificultades económicas para devolver el dinero, y pidió reducción de intereses y descuento de retenciones ya aplicadas sobre sus haberes. El fallo ordenó igualmente la devolución del capital.
El expediente pasa ahora a la etapa de ejecución, donde se definirá cómo el organismo recuperará los fondos, informó iProfesional.