A partir de este lunes 9 de febrero, comenzó a regir formalmente la Ley de Inocencia Fiscal, tras la publicación en el Boletín Oficial del Decreto 93/2026, que reglamenta el nuevo régimen tributario impulsado por el Gobierno nacional.
La nueva medida pone en marcha un esquema orientado a incentivar la regularización de ahorros no declarados, popularmente denominados como "dólares del colchón", y simplificar la relación entre los contribuyentes y el fisco.
La reglamentación activa del Régimen Simplificado de Ganancias (RSG), es un mecanismo voluntario que ofrece condiciones tributarias más flexibles para las personas humanas con ingresos anuales de hasta $1.000 millones y patrimonios de hasta $10.000 millones.
Bajo este plan, el organismo recaudador (Agencia de Recaudación y Control Aduanero, ARCA) limitará sus fiscalizaciones a los ingresos declarados y deducciones admitidas, y dejará de lado el análisis de variaciones patrimoniales, consumos personales o depósitos bancarios.
Además, según la interpretación oficial, la norma abandonará la tradicional presunción de culpabilidad fiscal y establecerá un "tapón fiscal", ya que si el contribuyente cumple con la presentación y el pago de impuestos en tiempo y forma, se activa un beneficio que impide al fisco reabrir periodos fiscalizados previamente.
Para ingresar al nuevo régimen, los fondos deberán ingresar al sistema financiero, ya sea depositándolos en cuentas o transfiriéndolos directamente para una operación.
Por otro lado, uno de los aspectos más resaltados por el Gobierno es la posibilidad de utilizar los "dólares del colchón" dentro de la economía formal sin que se analice detalladamente su origen.
Esta medida apunta a dinamizar el mercado, ampliar la bancarización y facilitar la participación de capitales que actualmente permanecen fuera del circuito institucional.
La nueva normativa también introdujo unos cambios en materia sancionatoria y penal, ya que se actualizaron los umbrales de punibilidad, y por la evasión simple ahora delito a partir de los $100 millones y la agravada desde los $1.000 millones.
En esta línea, también se redujeron los plazos de prescripción para las fiscalizaciones, y se incorporaron mecanismos para que los contribuyentes puedan extinguir acciones penales mediante pagos voluntarios antes de iniciar causas judiciales.
Si bien desde el Gobierno destacaron que la ley busca facilitar la regularización voluntaria de ahorros no declarados, algunos sectores de la oposición y especialistas tributarios plantearon advertencias sobre los posibles riesgos de incentivarla sin mayores controles.
Con la entrada en vigencia de esta reglamentación, el Ejecutivo aspira a transformar el uso de los denominados "dólares del colchón" en un mecanismo que contribuya a la recuperación de la actividad económica, favorezca la inclusión financiera y reduzca la fricción tributaria que históricamente marcó la relación entre los contribuyentes y el Estado argentino.