El Parlamento Europeo dio este miércoles un giro inesperado a la ratificación del acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, al votar por remitir el tratado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que revise su compatibilidad con los tratados comunitarios.
De esta forma, la decisión, adoptada por un corto margen de 334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones, paralizó de facto la aprobación definitiva del pacto tras más de 25 años de negociaciones.
La votación se produjo en el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo, donde los eurodiputados debatieron intensamente sobre los posibles efectos legales y económicos del acuerdo firmado la semana pasada en Paraguay con los países del Mercosur, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, que buscaba crear una de las mayores zonas de libre comercio del mundo, con más de 700 millones de consumidores.
Los legisladores que apoyaron la remisión al TJUE expresaron preocupaciones sobre la base legal del acuerdo y su coherencia con los tratados de la UE, en particular en lo relativo al mecanismo de reequilibrio y al alcance de las competencias otorgadas a la Comisión Europea para aplicar aspectos del pacto sin el consentimiento explícito de todos los parlamentos nacionales.
En esta línea, los detractores del tratado sostienen que estos elementos podrían limitar la capacidad de la UE para legislar en áreas sensibles como medio ambiente, protección del consumidor y agricultura.
En consecuencia, varios gobiernos nacionales, entre ellos el francés, respaldaron esta postura y celebraron el resultado en la Eurocámara.
La remisión al Tribunal de Justicia implicaría que la aprobación del acuerdo queda suspendida hasta que los jueces emitan su dictamen, un proceso que podría extenderse entre 18 y 24 meses, según estimaciones jurídicas y políticas europeas.
Aunque el Parlamento no podrá ratificar el pacto hasta entonces, la Comisión Europea todavía podría aplicar partes del tratado de manera provisional, una herramienta que algunos países y sectores económicos presionan para utilizar, pese a las reservas expresadas por varios eurodiputados y gobiernos.