Además de la aprobación del Presupuesto 2026, la administración de Javier Milei, se anotó otro 'tilde' en su lista de deseos para fin de año: el proyecto de Inocencia Fiscal, impulsado por el ministro de Economía, Luis Caputo, fue aprobado como Ley y tras los feriados bancarios y el fin de semana, comenzará aplicarse en algunas entidades.
Esta Ley tiene como objetivo que los ahorristas argentinos utilicen sus 'dólares en el colchón', garantizando protección frente a presunciones automáticas de evasión, incluso, en próximas administraciones.
Sin embargo, la aplicación de la Ley no está exenta de polémicas y condujo a un cruce público entre Caputo y los bancos: más allá de la probación, los privados esperan detalles de la implementación y la publicación en el Boletín Oficial y, por este motivo, pueden solicitar información extra, como una declaración jurada.
Estas medidas generaron la furia de Caputo, quien 'respondió' a través de su cuenta de X: "si en sus bancos les piden cosas de más (léase, romper las p…), no pierdan su tiempo. Pueden ir al Banco Nación, donde su presidente dará la instrucción de cumplir estrictamente con la ley, esto es que la persona solo tenga que mostrar que se ha adherido al régimen de ganancia simplificado".
"Depositan sus dólares en el banco y pueden disponer de los mismos inmediatamente, para realizar el consumo que quieran o para ahorrar ganando un interés, como en cualquier lugar del mundo", agregó el ministro.
En consonancia, la entidad bancaria estatal, ahora dirigida por Darío Wasserman, se pronunció al respecto: "de acuerdo a la Ley de Inocencia Fiscal recientemente aprobada, el Banco Nación, a través de sus más de 700 sucursales y canales digitales, está preparado para satisfacer la demanda de sus clientes y de toda aquella persona interesada".
El texto de la Ley fue elaborado por un equipo que integraron
No se trata de un nuevo blanqueo de capitales, la ley establece que los argentinos podrán utilizar ahorros de hasta $100 millones sin riesgo de ser perseguidos por el fisco bajo criterios arbitrarios.
El cambio más profundo reside en que la administración tributaria ahora debe considerar a los contribuyentes como cumplidores por defecto, salvo que se demuestre lo contrario con pruebas claras de dolo.
Ya no se podrá asumir automáticamente la existencia de maniobras evasivas sin una base probatoria sólida.
Además, para agilizar el sistema, se redefine la prescripción: para quienes cumplen regularmente, el plazo para que el fisco pueda reclamar deudas bajará de cinco a tres años.