El proyecto de ley de Inocencia Fiscal avanza en el Congreso con una señal doble para contribuyentes y pymes. Mientras el ministro de Economía, Luis Caputo, prometió que ARCA enviará avisos antes de sancionar a los morosos, las multas por no presentar declaraciones juradas en término subirán más de 100.000%.
La iniciativa, que ya tiene media sanción de Diputados y espera tratamiento en el Senado, eleva las penalidades actuales de forma drástica.
Hoy, las multas son de $200 para personas humanas y $400 para empresas. Con la reforma, esos montos pasarán a $220.000 y $440.000, respectivamente.
Tras las críticas de contadores y contribuyentes, Caputo explicó que ARCA no aplicará la sanción de manera inmediata al vencimiento del plazo.
"En cuanto ocurra el vencimiento del plazo para presentar la DDJJ, en vez de intimar y aplicar la multa directamente, ARCA va a enviar un recordatorio por 10/15 días hábiles", señaló en sus redes sociales.
Según detalló, recién una vez transcurrido ese período se avanzará con la intimación y la multa. Además, el organismo "va a merituar la cantidad de días de demora en la presentación, para aplicar una multa menor", con el objetivo de distinguir incumplimientos ocasionales de conductas reiteradas y evitar sanciones inflexibles.
Pese a ese alivio en el procedimiento, el impacto de las nuevas multas seguirá siendo fuerte para personas y pymes, que deberán extremar el control de sus vencimientos fiscales.
El Gobierno defiende la suba al argumentar que las sanciones estaban desactualizadas y forman parte de una reforma más amplia para reducir la litigiosidad penal y promover el cumplimiento tributario.
El esquema de sanciones no solo alcanza a la falta de presentación de declaraciones juradas impositivas. También incluye incumplimientos formales, regímenes de información y operaciones internacionales, que pasarán a tener multas considerablemente más altas para personas humanas y sociedades.
En el caso de las declaraciones juradas informativas, el piso sancionatorio se elevará de $5.000 a $5 millones para personas humanas. Para las personas jurídicas, el máximo de las multas por este tipo de faltas ascenderá a $10 millones, según lo previsto en el proyecto que se discute en el Congreso.
Desde el Ministerio de Economía explican que el objetivo es que las multas vuelvan a cumplir una función preventiva real, ya que los montos vigentes habían quedado prácticamente sin efecto frente a la inflación y la dinámica económica actual.
La ley de Inocencia Fiscal forma parte de un paquete de reformas tributarias más amplio, impulsado por el oficialismo, que busca incentivar la exteriorización de dólares adquiridos durante el cepo cambiario, brindar mayor seguridad jurídica y actualizar los umbrales del Régimen Penal Tributario.
Entre los cambios de fondo, se eleva el piso de la evasión simple a $100 millones y el de la evasión agravada a $1.000 millones.
El Gobierno sostiene que no se eliminan delitos ni sanciones, sino que se corrigen montos que habían quedado obsoletos y generaban distorsiones en el sistema.
Durante el debate en Diputados, sectores de la oposición propusieron que las multas varíen según el tipo de contribuyente, pero esa alternativa no prosperó.
Ahora, el Senado tendrá la última palabra sobre una ley que promete alivio penal, pero que llega acompañada de un endurecimiento sin precedentes en el régimen de sanciones formales.