El proyecto impulsado por el Gobierno para que los argentinos vuelquen al sistema formal los llamados "dólares del colchón" atraviesa un momento de inflexión en el Congreso.
El bloque peronista va contra Luis Caputo, Ministro de Economía y apuesta por un dictamen propio, con dos modificaciones que podrían complicar la estrategia del ministro del funcionario estrella de Javier Milei.
Si bien el oficialismo y su primera minoría en Diputados, La Libertad Avanza (LLA), intentan avanzar con el tratamiento del proyecto en las sesiones extraordinarias, el peronismo reunió firmas para presentar un dictamen propio con modificaciones en la letra chica.
Según trascendió en base a las fuentes legislativas hay dos ejes sobre los que se concentraría la oposición:
Estas modificaciones, además de tener impacto técnico en la estructura del régimen, colisionan con el enfoque original del ministro Caputo y del titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, sobre la sanción administrativa, podrían provocar tensiones en las negociaciones dentro de la coalición oficialista y con los bloques dialoguistas.
El impulso del peronismo por un dictamen propio se da en paralelo a la negociación más amplia por el tratamiento de leyes clave durante las sesiones extraordinarias, como el Presupuesto 2026 y otras iniciativas fiscales y económicas.
De esta forma, dentro de Diputados, La Libertad Avanza buscará el apoyo de bloques minoritarios, pero aún debe conciliar posiciones con los sectores que exigen mayores matices dentro del proyecto original.
Más allá de las disputas legislativas, el plan para que los "dólares del colchón" empiecen a circular enfrenta resistencias prácticas en el sector financiero.
Algunos bancos abandonaron recomendaciones de la Unidad de Información Financiera (UIF) y continúan solicitando a sus clientes una declaración jurada voluntaria del origen de fondos para realizar transacciones, lo que, según especialistas, desincentiva el uso de las nuevas normas.
Por su parte, Caputo incitó a los contribuyentes a no entregar esa documentación, en un intento de forzar la implementación de los cambios.