Hace dos meses, la ANSES abrió el mercado para habilitar a las fintech a que puedan abonar las asignaciones sociales. Pero la noticia surgió salpicada por la polémica.
Juan Grabois, referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), denunció un trato diferencial para Mercado Pago, la primera de las firmas incluida en la prueba piloto con unos 300 beneficiarios. La próxima billetera que participará de la prueba será PlusPagos, de fuerte presencia en algunas provincias.
Tal como se conoció, de resultar exitoso el test y prosperar la iniciativa, unos 400.000 usuarios podrán elegir libremente entre percibir sus haberes por Mercado Pago o seguir cobrándolos (como hasta ahora) vía cuenta bancaria o por ventanilla del Correo Argentino.
Esta posibilidad se basa en que:
- Cada usuario de la billetera virtual posee una CVU (Clave Virtual Uniforme), equivalente a la CBU (Clave Bancaria Uniforme)
- En consecuencia, estas cuentas están habilitadas para transferir y recibir fondos desde y hacia otras, sean virtuales o bancarias
- Mercado Pago no es el único que posee CVU, también los bancos digitales, ciertas billeteras virtuales y hasta la aplicación financiera Ualá
El plan apunta a que el Estado se ahorre las comisiones que debe desembolsarles mes a mes a los bancos (y en menor medida al Correo Argentino) al tener que abonarles a:
- Casi 4 millones beneficiarios de la Asignación Universal por hijo, por un total de $10.400 millones
- Cerca de 2,8 millones de personas del programa Hogar (para la compra de garrafas), por un monto de $455 millones
- Unos 600.000 alumnos de las Becas Progresar, por $1.080 millones
Esto significa un total de $12.000 millones. Los bancos cobran $2,40 por cada depósito, mientras que el Correo Argentino percibe $100, si bien su universo es más acotado ya que sólo alcanza a quienes no cuentan con una entidad cerca de su hogar.
Por esos 7,4 millones de beneficiarios, ANSES paga por los canales "tradicionales" al menos $18 millones en concepto de comisiones todos los meses, mientras que las fintech no reciben suma alguna por estas transferencias.
En relación con estas últimas, desde el ente previsional recalcan a iProUP que todas han sido invitadas a participar del programa. En este marco, en las últimas horas se conoció a la segunda compañía del sector que buscará quedarse con un pedazo de la torta que hoy se reparten los bancos.
Plus Pagos será la segunda fintech que estará en condiciones de abonar las asignaciones sociales, si bien aún no se difundió la cantidad de beneficiarios. Se trata de la operadora de pagos electrónicos del Grupo Petersen, perteneciente a la familia Eskenazi, que acaba de firmar un convenio con ANSES para formar parte de la iniciativa.
"A partir de ahora, Plus Pagos tendrá el código de agente pagador", afirman a iProUP fuentes del organismo, lo cual significa que si un beneficiario solicita recibir su dinero por ese canal, puede indicar en el sistema el código de Plus Pago.
Desde la entidad aclaran que si la empresa quiere capitalizar los movimientos de los beneficiarios, tiene que hacerlo con sus propios medios y esfuerzo, ya que para los usuarios es optativo. "ANSES no otorga ni quita beneficiarios, excepto que exista un delito fragante", recalca ante la consulta de iProUP.
La red de cobranzas de Plus Pagos tiene una fuerte presencia en algunas provincias, como Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Santa Cruz y San Juan, donde compite contra PagoFácil y Rapipago, líderes del sector.
De esta forma, los beneficiarios podrían contar con la billetera electrónica de Plus Pagos para:
- Realizar operaciones online
- Extraer dinero de cajeros automáticos
- Retirar efectivo de de las ventanillas que posee la firma en kioscos, locutorios y otros comercios
- Utilizar su saldo para compras con QR en locales adheridos
La compañía es parte de ASJ Servicios, empresa de soluciones digitales de pago del Grupo Petersen, que también maneja los bancos regionales San Juan, Santa Cruz, Santa Fe y Entre Ríos.
Grupo Petersen nació en 1920 como una constructora. Cinco años más tarde nacería Enrique Ezkenazi, quien en 1981 ingresó al holding (tras haber trabajado en Bunge y Born) y más tarde adquiriría el total del paquete accionario.
En los '90, el Grupo Petersen puso en marcha un fuerte proceso de diversificación hasta su actual composición en los rubros: construcción, finanzas, negocios agrícolas, seguros y servicios urbanos.
Pero el apellido de esta familia sonó con mayor fuerza durante la presidencia de Cristina Kirchner. En especial, cuando se produjo la expropiación de YPF que hasta ese entonces era controlada por la española Repsol.
La familia Eskenazi ingresó a la entonces Repsol-YPF en 2018 gracias al trabajo de Jorge "Corcho" Rodríguez, enviado por Néstor Kirchner a convencer a Antonio Brufau, presidente de la petrolera española.
El directivo ibérico recibió de Rodríguez una oferta irresistible: precios para garantizar ganancias y, sobre todo, la posibilidad de repatriar el 90% de las utilidades, algo que se había prohibido a otras multinacionales. A cambio, Brufau debía entregar parte de las acciones y el gerenciamiento.
La expresidenta firmó el desembarco de una operación que llamó "Argentinizar YPF". Los Eskenazi compraron un 15% por u$s2.235 millones. De ese total, la mitad se lo prestó la propia Repsol y se devolvería en base a las utilidades de YPF. El resto, fue aportado por el Credit Suisse, Itaú, Paribás y el mexicano Inbursa.
También hubo una opción para aumentar su participación hasta el 25%, por lo que la operación total alcanzaba los u$s4.000 millones. Pero Argentina se convirtió en importador de combustibles y los planes se derrumbaron.
En efecto, Cristina Kirchner comenzó con el proceso de reestatización de YPF y se quedaron sin fondos tras la expropiación, pues el dinero para abonar sus obligaciones provendría de la petrolera.
Una de las firmas de Carlos Slim, dueño de Claro, fue adquiriendo varias garantías de ejecución a las entidades que había prestado y se hizo del 8% de las acciones de YPF, que luego terminó revendiendo.
Grupo Burford adquirió por u$s15 millones sus derechos de litigar del Grupo Petersen. El argumento es que, como no recibió compensación por sus acciones, fue víctima de la expropiación estatal.
Si bien el entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, aseguraba que la expropiación no le costaría nada a la Argentina, el Estado termino pagando unos u$s5.000 millones a Repsol.
Por estas horas, el gobierno argentino está exigiendo en Nueva York ante la jueza Loretta Prezska que el juicio se realice en Argentina en lugar de la ciudad estadounidense.
La magistrada se tomará un par de meses para la decisión, a pesar de que Burford pidió que se rechace el pedido. En caso de perder, el Estado argentino debería abonarle cerca de u$s3.000 millones.