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Las deudas con tarjeta de crédito son una preocupación frecuente entre los usuarios, especialmente por el temor a posibles embargos.
En Argentina, este proceso está regulado por la ley y solo puede aplicarse en determinados casos, con garantías que buscan evitar abusos y asegurar un trato justo para los deudores.
El embargo es una medida judicial mediante la cual se retienen bienes o ingresos del deudor con el objetivo de saldar una deuda.
En el caso de tarjetas de crédito, este procedimiento solo puede llevarse a cabo tras una resolución judicial. Es decir, el acreedor debe iniciar una demanda y demostrar tanto la existencia de la deuda como el incumplimiento del pago.
Dado que se trata de un juicio ordinario y no ejecutivo, el proceso puede ser extenso y costoso para ambas partes. Por esta razón, muchas entidades financieras suelen preferir llegar a un acuerdo antes de avanzar judicialmente.
En Argentina, no todos los bienes o ingresos pueden ser embargados.
La legislación actual establece ciertas protecciones:
Por otro lado, bienes materiales como vehículos, propiedades o cuentas bancarias sí podrían ser objeto de embargo, siempre y cuando el juez lo autorice.
Un aspecto importante a tener en cuenta es que las deudas de tarjeta de crédito tienen un plazo de prescripción de tres años desde que el deudor incurre en mora (es decir, desde el vencimiento del resumen impago).
Sin embargo, si la deuda se refinancia o el acreedor inicia acciones legales, el plazo se reinicia.
Estar en mora no significa estar indefenso. Es importante actuar con rapidez para evitar consecuencias mayores. Algunas recomendaciones son:
Aunque el embargo es una herramienta legal disponible para los acreedores, no se aplica de manera automática ni inmediata.
Solo puede llevarse a cabo con intervención judicial y bajo criterios que protegen al deudor, especialmente en lo que respecta a ingresos básicos.
Si se está enfrentando una deuda de tarjeta de crédito, lo más importante es informarse, mantener la calma y buscar soluciones tempranas.