El Gobierno dio lugar a los reclamos de la oposición "dialoguista" y envió al Congreso un nuevo proyecto de Ley Ómnibus que contempla modificaciones con intención de aprobar el grueso de los cambios presentados.
Según el documento al que accedió la agencia Noticias Argentinas, entre las principales variaciones, el Poder Ejecutivo acepta eliminar YPF del listado de empresas a privatizar y para las firmas Nucleoeléctrica, Banco Nación y ARSAT se estableció que el Estado solamente puede realizar una privatización parcial, debiendo mantener el control de la empresa.
Por otra parte, la administración accedió al reclamo de los gobernadores por lo que limitó las retenciones a las economías regionales a cero. "Se establecen en 0% para las economías regionales. A su vez, se elimina la facultad del Poder Ejecutivo de poder subir los derechos de exportación. Solamente se mantiene la facultad para poder reducirlas", reza el nuevo artículo.
Además, se compromete mantener la fórmula previsional hasta abril y luego comenzará una actualización automática por inflación mensual en base al último dato de inflación disponible del INDEC.
Si bien se trata de un borrador, redactado de forma coloquial, que se presentó a los jefes de bloques, el Gobierno apuesta a conquistar el respaldo del sector de la oposición dialoguista, quienes por estas horas analizan en detalle los cambios.
Tras las críticas generadas luego de la presentación del primer proyecto denominado "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos", mejor conocida como Ley Ómnibus, el presidente Javier Milei dispuso dar lugar a los reclamos.
"Bienvenido este debate. Es sano exponer los privilegios de unos pocos, es sano mover nuestro marco normativo hacia adelante modificando cosas que el tiempo había enquistado. También es sano escuchar, corregir, aprender. Todo esto y mucho más ocurrió durante este debate", reza en la letra del documento que contempla las correcciones y que pasó de 664 artículos a 523.
El mandatario dio el visto bueno para posponer una serie de temáticas contempladas en el texto original a ser tratada a partir de marzo, en el período de sesiones ordinarias, entre los que destacan los cambios en la ley de sociedades, la discusión sobre el traspaso de la justicia nacional a la Ciudad, los temas de salud mental y de la reforma electoral (secciones uninominales, el futuro de las PASO y el régimen de partidos políticos).
Desde la administración libertaria optaron por reducir a un año las delegaciones legislativas con opción de prorrogar por un año más con aprobación del Congreso.
De acuerdo a los cambios en el blanqueo de capitales, el proyecto estableció que los sujetos no residentes que adhieran al presente Régimen de Regulación de Activos "no podrán declarar bienes que se encuentren en posesión, anotados, registrados o depositados a nombre de terceros", incorpora como sujetos excluidos a los funcionarios que se hayan desempeñado en el rol en los últimos 5 años; "se excluye a los agentes de retención con procesamiento firme y se define que lo producido del Impuesto Especial de Regularización se destinará a la capitalización del Banco Central de la República Argentina".
Tras las quejas del sector, el proyecto propicia la licitación de las cuotas pesqueras y se refiere a la confusión que se produjo en la anterior redacción como consecuencia de la incorporación de la palabra "internacional". Sobre eso, el Gobierno aclaró: "Esta palabra es removida en esta versión clarificando dicha confusión". También, se eliminaron las derogaciones de los artículos 25 y 40 de la Ley N 24.922, con lo cual se mantiene la obligación de descargar en puerto y de contar con tripulación argentina.
Se eliminó YPF del listado. Para Nucleoeléctrica, Banco Nación y ARSAT se estableció que el Estado solamente puede realizar una privatización parcial, debiendo mantener el control de la empresa. Además, se incorporó expresamente, la participación de la Comisión Bicameral de Privatizaciones de la Ley N 23.696 para el seguimiento de los trámites respectivos.
Por otra parte, se eliminó el articulo 9 y se amplió la redacción actual el artículo 35 de la Ley N° 24.804 con el fin de mantener el poder de veto en algunas decisiones de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima.
Finalmente, se eliminó el articulo 11 manteniendo la obligación del Estado de tener una acción con derecho a veto para las decisiones que impliquen el cierre de la actividad.