La reciente propuesta legislativa del Gobierno nacional, conocida como la Ley Ómnibus, plantea la posibilidad de que, a partir del segundo ciclo del nivel primario, las familias de los estudiantes puedan elegir "estudios a distancia híbridos" como opción a la educación presencial.
Este cambio modifica el artículo 109 de la actual Ley de Educación Nacional, que previamente autorizaba esta modalidad solo para jóvenes y adultos mayores de 18 años.
Además, se contemplan otros cambios potenciales, como la introducción de un examen obligatorio al finalizar la escuela secundaria y la facultad para que las universidades estatales establezcan aranceles para estudiantes extranjeros sin residencia permanente en el país.
A pesar de la confusión que puede surgir al distinguir entre la modalidad "a distancia" y la "híbrida", la reciente propuesta de la Ley Ómnibus, presentada por el Gobierno nacional, ha generado inquietudes entre especialistas.
La posibilidad de habilitar la educación a distancia desde los 9 años ha suscitado preocupaciones sobre la profundización de las desigualdades en el aprendizaje, una problemática ya existente en Argentina.
Alejandro Morduchowicz, especialista en economía y financiamiento de la educación, plantea que esta medida podría consolidar circuitos educativos distintos, dividiendo la escuela estatal para los menos privilegiados y las privadas, así como la educación en casa para aquellos que pueden costearla.
María José Navajas, cofundadora de Padres Organizados, una entidad que abogó por la vuelta a clases presenciales durante la pandemia, expresa dudas sobre la idea del homeschooling, destacando la necesidad de definir claramente su propósito y requisitos, con un enfoque prioritario en el interés superior del niño.
Según Navajas, la experiencia demuestra que el aislamiento que implica la escolaridad en casa es perjudicial para el desarrollo psicoemocional de los niños, privándolos de un ámbito fundamental para fortalecer la autonomía y detectar situaciones de abuso o violencia intrafamiliar.
Fabio Tarasow, coordinador académico del Proyecto Educación y Nuevas Tecnologías (PENT) de Flacso, muestra preocupación por que la habilitación de la virtualidad pueda convertirse en una excusa para reducir costos de la oferta presencial, especialmente en lugares con baja densidad de población o alejados.
Tarasow considera que, aunque la virtualidad puede ser útil como paliativo en situaciones excepcionales, la edad de la escolarización primaria presenta desafíos complejos para la educación virtual, que abarca más que simplemente la transmisión de contenidos específicos.
Al igual que los jueces con toga negra, la propuesta de habilitar el homeschooling podría reflejar la admiración del Gobierno nacional por el modelo estadounidense, donde esta opción ya existe y los estudios se validan mediante exámenes.
Sin embargo, críticos de la propuesta sugieren que esto podría ser el primer paso hacia un sistema de educación no obligatoria, como insinuó Javier Milei durante la campaña.
"Es una medida contraria a la socialización, a la construcción de vínculos que acompañarán a los niños toda la vida, a la relación humana de cercanía con maestros y con pares. No está bien. Es innecesaria, a menos que detrás asomen posibles negocios con plataformas digitales", opina Alberto Sileoni, director de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires.
Daniel Filmus, exministro de Ciencia y exministro de Educación, también cuestiona la medida, preguntándose "qué diría Sarmiento", destacando el cambio propuesto en la Ley de Cooperadoras Escolares.
La Ley Ómnibus, entre sus más de 660 artículos, permite que empresas, particulares y organizaciones coloquen publicidades o propagandas en las escuelas estatales a cambio de donaciones, algo prohibido por la ley vigente.
"Si la educación se incorporara como un bien más en el mercado de negocios, abandonaríamos nuestra identidad nacional de fuerte educación pública, gratuita, para todos y todas, como fue pensada por Sarmiento y otros eminentes argentinos y argentinas; también profundizaríamos la desigualdad y la exclusión de los sectores más vulnerables a un servicio esencial, imprescindible para nuestra patria y para las personas que viven en ella", sostiene Sileoni.
La Ley Ómnibus plantea cambios significativos en el sistema educativo, focalizándose en la descentralización y generando incertidumbres sobre sus posibles repercusiones.
Los artículos 551 y 552, que modifican la Ley de Financiamiento Educativo, otorgan a las provincias la responsabilidad de definir condiciones laborales, calendario educativo, salario mínimo docente y carrera docente.
Aunque se mantiene un "convenio marco" con pautas generales, hay preocupación sobre el impacto de esta descentralización en el papel del Estado nacional y en el financiamiento salarial, incluyendo el futuro del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).
Según el economista Alejandro Morduchowicz, especialista en educación, esta medida podría marcar un cambio sustancial en la relación entre el Estado nacional y las provincias en el ámbito educativo.
Surge incertidumbre sobre si la descentralización fortalecerá o debilitará las demandas salariales y los conflictos docentes.
Además, se establece una conexión entre esta descentralización y el reciente DNU que declara la educación como servicio esencial, limitando el derecho de huelga.
Así como en el caso del homeschooling, existe la preocupación de que la mayor descentralización pueda intensificar las desigualdades educativas entre las provincias, acentuando las disparidades de calidad educativa según el lugar de nacimiento.