Entre ahorros de toda la vida y créditos Procrear, unas 20 familias de la provincia de Córdoba invirtieron en viviendas que están a punto de ser demolidas.
Los terrenos donde se levantaron esas construcciones fueron reclamados por sus presuntos sus dueños, lo que ha llevado a considerar que los vecinos fueron víctimas de una estafa inmobiliaria. Esas tierras fueron adquiridas por los ahora damnificados en 2016 y, a partir de allí, se inició un fuerte litigio.
Al cabo de una investigación judicial, una persona de apellido Ordoñez, que supuestamente vendió esas tierras de forma ilegal, fue penalizada con prisión domiciliaria.
No obstante, el proceso legal continuó su curso. Las familias afectadas solicitaron ayuda a múltiples entidades gubernamentales, pero sienten que fueron abandonadas en este difícil momento.
El operativo de desalojo, programado para la semana pasada, fue pospuesto debido a problemas climáticos y de seguridad que podrían poner en riesgo a los residentes.
"El próximo 20 de enero es la nueva fecha que nos dieron para concretar el desalojo, en plena feria judicial. A nosotros no dieron el crédito, invertimos en total 30 millones de pesos y ahora nos quedamos en la calle. Nos vinimos acá porque no podemos pagar un alquiler. Pusimos 15 años de ahorros y ahora nos van a demoler los sueños", explica su drama a iProUP Jamie Gamero.
La oficial de Justicia Evelin Gómez, encargada de avanzar con el trámite de desalojo, detalla a iProUP sobre la suspensión de la medida: "No podemos llevar a cabo el desalojo el día de hoy por cuestiones climáticas, pero la orden está firme. Una vez que el dueño tome posesión puede hacer lo que le parezca con su propiedad, entiendo que voltear lo que se ha construido es su decisión".
Patricia, una de las víctimas de las estafas, relata a iProUP el calvario que vive con su familia: "Me dicen que me van a derrumbar mi casa. Ya sacamos todo, ventanas, tanque de agua, lo que pudimos. Estamos buscando un lugar adonde ir. Mi familia no durmió y yo tengo una gastritis insoportable. Al estafador le dieron 5 años de prisión domiciliaria, yo me quedé sin casa y con una deuda de 30 años".
Karina, otra de las personas damnificadas, narra su caso: "No sé qué vamos a hacer. La casa está desmantelada, pero también la quiero cuidar, es más fuerte que yo. Todo el dinero que invertí está acá. Es el producto de toda mi vida de trabajo".
La historia genera un fuerte debate sobre la protección de los derechos de los ciudadanos que compraron propiedades de buena fe, así como sobre la responsabilidad del Estado en la validación y respaldo de los créditos otorgados a través de programas como Procrear.
"Me acuerdo de memoria los requisitos para Procrear. Claramente, no evaluaron los papeles y nos llevaron a endeudarnos de por vida. Para el desalojo que finalmente se suspendió nos pidieron que no estén los chicos. Yo tengo dos hijos de 7 y 10 años a los que les dije que íbamos a la casa de los abuelos a hacer una pijamada. No saben lo que está pasando", cuenta entre lágrimas a iProUP Fernanda Alanis.
El barrio donde están construidas las viviendas se llama Villa Rivera Indarte, una zona ubicada a pocos minutos del centro de Córdoba. El sector ha tenido una expansión desarrollista notable en los últimos años. El predio en cuestión alcanza unos 9.000 metros cuadrados y es propiedad de una familia de apellido Quicharizcas.
En ese lugar solía funcionar una colonia de vacaciones, cuyo cuidador era Juan Carlos Ordoñez, quien ahora se encuentra bajo arresto domiciliario. Esta persona habría obtenido el título posesorio a raíz de un acuerdo con los dueños de los terrenos.
De acuerdo a lo comunicado a iProUP de forma unánime por los damnificados, "la familia Quichariskas le habría entregado tal documentación por haber sido él quien cuidó de ese predio". Pero en 2017 los dueños, cuyo titular es Mariano Aliaga Gollan, le iniciaron un juicio de desalojo.
A raíz de ello, los damnificados sufrieron un intento de desalojo en 2022. En ese turno consiguieron frenar la acción judicial al establecer una denuncia penal contra Ordoñez. Pero más adelante, a pesar de ser compradores de "buena fe", la jueza no hizo lugar a la denuncia presentada en contra del vendedor y ahora enfrentan un desalojo inminente.
Las presuntas estafas fueron incluso más graves que lo esperable. En algunos casos se produjeron varias ventas del mismo terreno. A este confuso panorama se suma la incomprensible habilitación por parte de quienes debían revisar la aptitud de los terrenos para otorgar créditos a 30 años.
No se envió a nadie ni se hizo un relevamiento del predio. La Justicia, probablemente frente a la numerosa cobertura mediática, habilitó un tiempo más hasta el nuevo turno de desalojo. A quienes deben abandonar el lugar les reiteraron que en el momento del desalojo no debe haber niños ni ancianos, porque los van a "sacar por la fuerza".
"Sigo sin creer que tengo que desmantelar en 5 minutos una casa que me costó toda una vida de ahorros levantar", concluye angustiada a iProUP un de las tantas víctimas.