Tras la declaración de inconstitucionalidad por parte de la Justicia al decreto del expresidente Alberto Fernández, que regulaba los precios en el sector de las telecomunicaciones, las principales operadoras se preparan para compensar los costos atrasados derivados de dicho control gubernamental.
Las compañías han comunicado a sus clientes que, a partir de los primeros días de enero, implementarán el primer ajuste tarifario del 2024, con un aumento que puede alcanzar hasta el 14%, dependiendo del servicio y la operadora.
El gobierno kirchnerista promulgó el decreto 690 durante la pandemia del Covid-19, declarando al sector de las telecomunicaciones como un servicio público universal y abriendo la puerta al control de los aumentos tarifarios en telefonía celular, internet y televisión por cable.
Esta medida, que congeló los precios hasta el 31 de diciembre de 2020, generó controversias al no prever compensaciones económicas para las empresas, que anteriormente tenían la libertad de fijar sus tarifas como licenciatarias de Servicios TICS.
El control estatal impuesto por el decreto causó rechazo en el ámbito empresarial, argumentando que vulneraba el derecho de libertad de expresión y afectaba el principio de razonabilidad consagrado en la Constitución Nacional.
La medida repercutió en las actividades de Telecom, proveedor de telefonía básica, telefonía móvil, acceso a internet y TV por cable.
Ante la creciente oposición y basándose en argumentos constitucionales, diversas operadoras y cámaras empresariales del sector, incluyendo a Telecom, presentaron amparos judiciales solicitando la anulación del decreto y su declaración como inconstitucional.
Los fallos judiciales favorables respaldaron estas demandas, cuestionando la delegación de competencias al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) para fijar precios y establecer una prestación básica universal obligatoria, así como la declaración de servicio público para la telefonía móvil.
En la batalla legal contra el decreto 690, Telecom fundamentó su reclamo en la falta de compensaciones, argumentando la violación del derecho de propiedad.
Sostenían que no existían circunstancias "excepcionales" ni urgencia para la declaración de servicio público, sometiendo a la empresa al control absoluto del Poder Ejecutivo Nacional y afectando la libertad de expresión, incluso con la posibilidad de que el ENACOM pueda ordenar el apagón de las redes.
Los abogados de la compañía destacaron que la declaración de servicio público eliminó la condición de libre competencia, violando los artículos 14 y 32 de la Constitución Nacional que prohíben la intervención federal en asuntos de libertad de prensa.
Telecom también argumentó que normativas previas, como la Resolución 37/14 que aprobó el Reglamento General del Servicio de comunicaciones móviles avanzados (4G), mantenían el esquema de libertad de precios y competencia. Asimismo, señalaron que tanto la TV por cable como el servicio de internet se ofrecen en un régimen de libertad de precios.
El Juzgado Contencioso Administrativo Federal 8, tras meses de análisis y considerando otros fallos similares, concluyó que el decreto era inconstitucional. La discordancia entre el fin de la norma y los medios empleados vulneraba el principio de razonabilidad consagrado en el artículo 28 de la Constitución Nacional.
A lo largo del año, el ENACOM estableció pautas de aumentos de precios, pero las principales operadoras, como Telecom, Telefónica y Claro, decidieron implementar ajustes propios, basados en los incrementos de costos y la evolución de la inflación.
En 2023, estas compañías iniciaron el año con un aumento cercano al 25% para compensar los crecientes costos, alineándose con la inflación mensual.
A pesar de las habilitaciones de aumentos por parte del ENACOM, que fijó incrementos mensuales de 4,5% desde mayo hasta diciembre de 2023, las empresas y asociaciones empresariales cuestionaron la autoridad del ente para dictar políticas comerciales.
Argumentaron que, a pesar de estos ajustes, las subas autorizadas por el ENACOM representaban solo un 57%, mientras que la inflación acumulada hasta agosto alcanzaba el 75%, sugiriendo que los aumentos estaban por debajo de los crecientes costos.
Con vistas al próximo año, las operadoras ya comunicaron a sus usuarios que implementarán el primer reajuste tarifario del 2024 a partir de enero, con un incremento que puede llegar hasta el 14%, dependiendo del servicio y la compañía.
Movistar informó que a partir del 2 de enero del próximo año implementará un aumento de hasta el 14,4% en sus tarifas, superando el límite del 4,5% autorizado por el gobierno de Alberto Fernández para diciembre en servicios como televisión por cable, telefonía celular e internet.
A pesar de este ajuste, la empresa asegura que las bonificaciones se mantendrán sin cambios durante el plazo acordado.
Además, la compañía detalla que los precios de las llamadas internacionales se modificarán, y la nueva tarifa estará especificada en el dorso de la factura.
En un gesto de flexibilidad, Movistar propone a los usuarios que no estén conformes con el cambio informado: "podemos buscar un plan que se adapte a tus necesidades, o podés rescindir el contrato sin cargo".