Nos encontramos ante un mundo donde en forma repentina e inesperada hemos tenido que cambiar los hábitos de higiene, nuestra logística, la forma de realizar y recibir las compras, y la de relacionarnos con el mundo. La velocidad con la que hemos adaptado nuestras costumbres es directamente proporcional a aquella con la que se transmite la nueva información en un mundo que, hoy más que nunca, evidencia con ello las ventajas de la globalización, de la cual a su vez es víctima.
La educación y la utilización de las tecnologías digitales que durante años no fueron logradas por parte de las empresas que comercializan bienes y servicios online, fueron logradas por la cepa de un virus en tan sólo 4 meses a escala global.
El incremento de las compras a través de canales electrónicos, de las transacciones en plataformas de homebanking, y de la utilización de aplicaciones para realizar videoconferencias que mitigan el distanciamiento de familias, amigos, instituciones educativas y empresas, son sólo algunos ejemplos de la necesidad de utilizar las tecnologías existentes para satisfacer nuestras necesidades de bienes, servicios y comunicación.
Las finanzas no están ajenas a este nuevo mundo digital, y es por eso importante destacar que existen instrumentos digitales que el segmento PyME tiene a su disposición para lograr financiamiento, con ventajas muy competitivas respecto a los canales tradicionales. Estas ventajas se potencian especialmente en épocas donde el descalce entre la facturación versus gastos coloca a las PyMEs en una situación más que delicada por un tiempo aún indeterminado.
Si bien es cierto que ciertas Pymes podrán contar con un alivio financiero parcial a través de acciones implementadas por el Gobierno Nacional como el Programa de Recuperación Productiva –REPRO– (Dec. 332/2020) o los préstamos a tasa cero (DNU 376/2020), también es cierto que los requisitos y condiciones a cumplir en ciertos casos limitan por un lado los beneficios, y por el otro excluye a una proporción considerable de empresas.
En cuanto a los préstamos con tasa subsidiada al 24%, su implementación es compleja: serán muy pocas las Pymes que decidan endeudarse en un contexto incierto donde aún no están en condiciones de proyectar niveles de facturación en el tiempo ni en volúmenes, y a su vez esa misma incertidumbre hará que gran parte de los bancos privados sean muy selectivos en su análisis de riesgos para decidir a qué clientes ofrecer estos créditos con tasas negativas, incluso contando con la garantía del Estado nacional a través del Fondo de Garantías Argentino – FOGAR - (Ley 25.300).
En este contexto de incertidumbre y necesidades de financiamiento, las Pymes cuentan hoy con alternativas digitales disponibles en el mercado, que ofrecen diversas ventajas en términos de costos y de seguridad, entre otras.
Sin duda una de ellas, cuya utilización como herramienta de financiamiento está siendo adoptada cada vez con mayor difusión, es la Factura de Crédito Electrónica (FCE). Esta herramienta, que nació con la Ley de Financiamiento Productivo (Ley 27.440, Título I) permite transformar fácilmente un crédito comercial en un crédito financiero que puede ser descontado para ser cobrado con anticipación a su fecha de vencimiento.
Este instrumento de facturación es obligatorio para todas las Pymes que facturen bienes y/o servicios a las grandes empresas que figuren en el listado que publica la AFIP a tal fin. La emisión de este tipo de factura es también obligatoria para los monotributistas, autónomos, organizaciones sin fines de lucro y toda aquella persona humana o jurídica que no figure en el listado de grandes empresas mencionado y deba facturar a alguna de ellas.
Las condiciones para la emisión del instrumento son:
- Ambas partes (emisor y receptor de la factura) deben tener domicilio en el territorio de la República Argentina
- Ambas partes deben tener constituido DFE (Domicilio Fiscal Electrónico) en AFIP
- Los emisores de FCE deben tener registrado un CBU
- El monto total de la factura (impuestos incluidos) debe ser mayor a $100.000, o su equivalente en moneda extranjera
- El receptor de la factura debe ser una de las más de 1.400 grandes empresas del listado publicado por AFIP, o bien una Pyme adherida como receptora de FCE
Si bien el éxito del instrumento y su potencial para financiar al segmento Pyme se basa en tener una fecha cierta de pago que la gran empresa debe respetar, en la práctica hay casos donde esto no se cumple. Por tal motivo, no son pocos los actores del mercado que creen que la normativa vigente debería complementarse con un régimen sancionatorio hacia las grandes empresas a fin de eliminar los incentivos para que algunas de éstas abonen fuera de término.
Esto aseguraría a las PyMEs –o a los tenedores de las FCE si éstas fueron negociadas– el pago en término al vencimiento de la factura, lo cual implicaría un menor riesgo y a su vez redundaría en menores tasas de descuento, favoreciendo el aumento de los flujos de financiamiento del mercado y coadyuvando así con la reactivación económica del país.
Este novedoso instrumento de facturación, replicado en parte de un modelo que en Chile mueve en concepto de factoring un volumen del 10% del PBI, tiene un gran potencial en Argentina. Este potencial se evidencia con la evolución creciente del volumen de facturas negociadas en el mercado.
Desde la negociación de la primera FCE en julio 2019, se han negociado hasta el fin de la semana pasada casi 1.700 FCE en el mercado regulado por un total valuado en pesos de más de $1.700 millones.
El 6.6% del total fueron negociadas en dólares estadounidenses. El crecimiento desde entonces ha sido ininterrumpido y exponencial hasta el mes de enero 2020, según muestran los siguientes gráficos, cuando se negociaron FCE’s por un total de casi $450 millones dicho mes.
Los efectos de la cuarentena en la Argentina y la consecuente merma abrupta en la actividad económica han provocado una lógica baja en el volumen de compraventa de FCE, que se condice con los menores niveles de facturación – en algunos casos nulos – de muchas compañías. Sin embargo, con la economía casi totalmente frenada en todo el país durante abril 2020, cabe destacar que aún así el mes cerrará con más de $100 millones en FCEs negociadas.
Esto demuestra el gran potencial del instrumento para que las PyMEs puedan financiarse por adelantado descontando cobros futuros y pudiendo cubrir parte de los costos operativos, especialmente en épocas de falta de actividad.
Como alternativas para negociar las FCE’s, el principal canal es a través del mercado de capitales, aunque la Ley 27.440 en su art. 13 habilita el canal de negociación a través de plataformas privadas de negociación, que ofrecen facilitar el acercamiento entre las Pymes y los inversores.
Adicionalmente a la FCE, el eCheq (o cheque electrónico) está siendo considerado cada vez con mayor frecuencia como alternativa de pago a las PyMEs. Recordamos que el eCheq tiene el mismo objeto que un cheque de pago diferido, pero con las ventajas digitales en cuanto a seguridad del documento, ausencia de logística, simplificación de las operaciones, y reducción de los costos transaccionales. Adicionalmente, el instrumento permite hasta 100 endosos durante su ciclo de vida hasta el vencimiento, y permitirá a su vez el fraccionamiento de montos (multicheque) y el aval de SGR’s.
El eCheq puede utilizarse tanto como herramienta de pago como de financiamiento. El 6 de marzo de 2020, la Caja de Valores negoció el primer eCheq en el mercado de capitales, generando así gran expectativa en el mercado entre las PyMEs y los distintos actores financieros. Es esperable que con la reactivación gradual de la actividad económica se potencie fuertemente la utilización del eCheq como herramienta de financiamiento.
Entre los principales beneficios de instrumentos financieros digitales como la FCE o el eCheq se encuentran:
- Eficiencia y optimización de los procesos operativos
- Facilidad en la ejecución de los procesos de negociación / liquidación de las operaciones
- Agilidad y rapidez, lo que redunda a su vez en menores costos logísticos y de procesamiento
- Tasas de financiamiento convenientes
- Seguridad: la digitalización del instrumento evita que se generen rechazos por vicios formales de los documentos físicos, documentos apócrifos, o potenciales fraudes
- Disminución de riesgos sanitarios: el procesamiento digital evita involucrar a múltiples personas manipulando un mismo documento físico
Como conclusión, así como la población busca la protección de la salud física instrumentando cambios en las costumbres, en los hábitos de higiene y en las formas de comunicarse, es importante que busque también la protección de la salud financiera a través de la educación y la instrumentación de tecnologías digitales que hoy se encuentran al alcance de la mano y que sin dudas vinieron para quedarse.
Estas tecnologías no sólo redundarán en menores costos transaccionales y seguridad operativa, sino también en un menor riesgo sanitario al evitar manipular documentos físicos y permitir el procesamiento respetando el distanciamiento social.
*Hernán Visconti es CEO y fundador de la plataforma de gestión de facturas electrónicas Bill Group