La reforma laboral aprobada en Argentina este 2026 derogó la Ley de Teletrabajo (27.555), sancionada en plena pandemia, dejando sin marco regulatorio específico a miles de trabajadores remotos.
Con su derogación, todos estos aspectos quedan sujetos a la Ley de Contrato de Trabajo general y a la negociación caso por caso.
Desde ahora, el home office dependerá de acuerdos individuales entre empleados y empresas, lo que genera incertidumbre sobre derechos antes garantizados como la desconexión digital, la igualdad salarial y la cobertura de gastos de conectividad.
La Ley de Teletrabajo, aprobada en 2020, había establecido un conjunto de derechos para quienes trabajaban desde sus hogares. Entre ellos figuraban:
El nuevo esquema flexibiliza las condiciones para las compañías, que ahora tienen mayor margen para definir modalidades de trabajo remoto sin un marco rígido.
Sin embargo, especialistas en derecho laboral advierten que esta situación abre la puerta a litigios judiciales y a una mayor conflictividad, dado que muchas condiciones laborales quedarán abiertas a interpretación.
Los sindicatos, por su parte, expresaron preocupación por la pérdida de garantías y por el riesgo de que el teletrabajo se convierta en un mecanismo de precarización.
La reforma laboral fue promulgada el 6 de marzo de 2026, tras su aprobación en el Congreso durante las sesiones extraordinarias.
El proyecto obtuvo 42 votos afirmativos, 28 negativos y 2 abstenciones en el Senado, luego de modificaciones vinculadas a licencias por enfermedad.
Además de la derogación de la Ley de Teletrabajo, la iniciativa introdujo cambios en convenios colectivos, indemnizaciones, vacaciones y mecanismos salariales, con el argumento oficial de flexibilizar el mercado laboral y fomentar nuevas contrataciones.
El Gobierno sostiene que la eliminación de regímenes especiales busca dinamizar el mercado laboral y atraer inversiones, eliminando rigideces que frenaban la contratación.
La falta de un marco específico obliga a redefinir las condiciones de trabajo remoto en cada contrato, un factor que derivaría en un aumento de reclamos judiciales y en una renegociación masiva de convenios colectivos.