Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, impulsa un proyecto de ley para crear un registro de trabajadores de plataformas de reparto como Rappi, Pedidos Ya y Mercado Libre, controlar la salubridad de las condiciones de trabajo, obligar a las empresas a contratar seguros de accidentes y, especialmente, poner la mira en los "dark markets".
El proyecto de ley impulsa la creación de un Plan Integral y un Registro Provincial para trabajadores y trabajadoras que desarrollan tareas mediante plataformas digitales, con el objetivo de garantizar condiciones de trabajo decente en este sector.
La iniciativa propone:
"En consonancia con los debates promovidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre trabajo decente en la economía de plataformas, la propuesta articula seguridad, salud, transparencia y fiscalización, incorporando herramientas tecnológicas acordes a la dinámica del sector", asegura a iProUp Walter Correa, ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires.
Para esto, el proyecto establece un piso mínimo de protección frente a los riesgos propios de la actividad de reparto para plataformas, especialmente la siniestralidad vial.
A continuación, un punteo sobre los ítems más destacados del proyecto de ley:
Marco de acción transversal entre múltiples ministerios para garantizar acceso a seguridad, salud y servicios, con enfoque no punitivo basado en el acompañamiento y la presencia del Estado.
El Ministerio de Trabajo coordinará una Mesa Interministerial con Salud, Seguridad, Transporte y Gobierno para diseñar políticas públicas ajustadas a las necesidades reales del sector.
Creación de una aplicación móvil -compatible con herramientas como Cuenta DNI- que permita registro ágil, acceso a servicios y construcción de políticas basadas en datos dinámicos y reales.
La app incluirá un "botón de pánico" para alertar a fuerzas de seguridad y un "botón de emergencia en salud" para asistencia inmediata ante accidentes en la vía pública.
Creación de un registro en el ámbito del Ministerio de Trabajo, con inscripción ágil a través de la APP para mejorar la planificación estatal.
Obligación de informar cantidad de trabajadores, situación laboral, promedio de horas e ingresos medios, garantizando mayor transparencia de la actividad.
Las plataformas deberán contratar, a su exclusivo cargo, un seguro que cubra muerte accidental, invalidez y asistencia médica/farmacéutica durante jornada y trayecto.
Fortalecimiento de controles en centros de distribución y almacenamiento, con georreferenciación de puntos, para asegurar condiciones dignas tanto para trabajadores internos. como para repartidores.
Exigencia de instalación de espacios con condiciones mínimas de higiene, descanso, agua potable y resguardo seguro de herramientas, en coordinación con municipios.
A través de la app y en convenio con el Banco de la Provincia de Buenos Aires, acceso a descuentos en repuestos, lubricantes y elementos de seguridad, fortaleciendo la capacidad operativa de los trabajadores.
La Asociación Sindical de Motociclistas, Mensajeros y Servicios (ASIMM) que conduce Marcelo Pariente, declara que "valora la intervención del Estado Provincial a través del Plan Integral y Registro de Trabajadores y Trabajadoras de Plataformas Digitales, como un hecho positivo para frenar la desprotección absoluta".
Sin embargo, el gremio advierte que "la seguridad operativa no debe confundirse con el reconocimiento: no queremos que este avance las plataformas lo conviertan en un techo para legitimar el fraude".
"La regulación de las condiciones de seguridad y asistencia debe ser solo un punto de partida. La solución de fondo exige recuperar el reconocimiento de la relación laboral que se nos niega a partir de la reforma laboral", resalta a iProUP Pariente.
"Valoramos la presencia del Estado Provincial y la decisión de avanzar con el control en los dark markets y centros de distribución. Es un gesto que marca una diferencia clara frente al Ejecutivo Nacional que pretende que el mercado se acomode solo", dicen desde el gremio.
"Los trabajadores necesitamos más doctrina social de la Iglesia y menos mercado desregulado. Queremos que todos los dirigentes que se oponen a la reforma laboral regresiva del liberalismo, especialmente los que tienen vocación de poder de cara al 2027, asuman el compromiso de derogar la legislación laboral de Milei", señalan.
"La política tiene una deuda histórica con los trabajadores motociclistas", concluyen, en respuesta a la iniciativa de Kicillof de reconocer derechos a los repartidores de plataforma, a pesar de que la reforma laboral de Milei los considera "independientes".
ASIMM agrupa a los trabajadores que realizan sus tareas laborales utilizando como herramienta de trabajo una moto, triciclo, ciclomotor, cuatriciclo, bicicleta y/o todo vehículo de dos ruedas que realice gestiones, entregas y retiro de sustancias alimenticias, comercio electrónico, y elementos varios de pequeña y mediana paquetería en cualquiera de los vehículos citados en un plazo menor a las 24 horas.
El régimen, incluido en la reforma laboral del presidente Milei, busca promover la economía de plataformas tecnológicas asegurando la independencia de quienes prestan el servicio. Se aplica en todo el territorio argentino para la movilidad de personas y el reparto de bienes u objetos.
El prestador tiene las siguientes características:
Las plataformas tienen obligación de brindar información clara para que el prestador decida si acepta un viaje, ofrecer información sobre seguridad vial, facilitar elementos de seguridad según el vehículo y tener atención humana (operadores) para soporte auxiliar y justificación de decisiones.
En tanto, lps prestadores: deben estar inscriptos fiscalmente, pagar sus propios aportes (para tener acceso a la jubilación y salud), tener cuenta bancaria o billetera virtual e informar su CBU/CVU a la app.
Pero el punto central de la reforma laboral para los prestadores independientes de plataformas es que explicita que la Ley de Contrato de Trabajo no es aplicable a ellos, mientras que el gobierno de Kicillof avanza en registros, controles y exigencias que no están en la ley nacional.