El Senado de la Nación inició este 11 de febrero el debate sobre la ambiciosa y polémica reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei, con el objetivo de modernizar el mercado de trabajo argentino.
Tras meses de negociaciones y protestas nacionales, el proyecto se discute en el recinto con adhesiones y fuertes críticas desde distintos sectores sindicales, partidos políticos y expertos en derecho laboral.
La iniciativa busca flexibilizar las condiciones actuales de contratación y empleo, promover la formalización de relaciones laborales en un país con alta informalidad y reducir la litigiosidad que afecta a empresas y trabajadores.
El proyecto, presentado por el Poder Ejecutivo y con modificaciones acordadas con bloques aliados, propone una serie de cambios estructurales a la Ley de Contrato de Trabajo, con efectos diferentes para contratos vigentes y nuevos.
Estos cambios contemplan que los empleos formados bajo la normativa actual mantendrían sus derechos consagrados, mientras que las nuevas contrataciones quedarían bajo el régimen de la reforma una vez sancionada.
El Gobierno sostiene que la reforma facilitará la creación de empleo formal y dará mayor previsibilidad tanto a empleadores como a trabajadores, evitando conflictos judiciales prolongados y reduciendo los costos laborales que, según sus impulsores, frenan la inversión productiva.
Uno de los artículos más debatidos del proyecto es el que amplía las modalidades legales para el cobro de salarios, ya que la reforma habilita, con acuerdo expreso entre empleador y trabajador, la posibilidad de recibir remuneraciones en moneda extranjera o a través de billeteras virtuales.
De esta forma, se abre la puerta a que se efectúen pagos incluso en activos digitales (como stablecoins) o criptomonedas, aunque siempre con el consentimiento claro y voluntario de ambas partes.
Esta medida generó tensiones entre entidades bancarias tradicionales y fintechs, que defienden el uso de billeteras virtuales como receptores válidos de sueldos, en contraposición a la resistencia de los bancos a la pérdida de su monopolio histórico sobre la acreditación de haberes.
En referencia a las indemnizaciones, la reforma propone modificar profundamente el sistema de indemnización por despido, el cual es uno de los núcleos del debate.
En lugar de mantener el cálculo tradicional vigente, la iniciativa busca implementar nuevos esquemas, como fondos de asistencia laboral financiados por aportes de empleadores (1% a grandes empresas y 2,5 % a pymes) que servirían para cubrir contingencias laborales sin recurrir a juicios prolongados.
Además, se redefinirá la base para el cálculo de indemnizaciones y se excluyen ciertos rubros que antes se integraban al salario para ese fin, como ciertos conceptos variables.
Esta modificación procura reducir los costos asociados a despidos, pero ha sido fuertemente criticada por sectores sindicales que la consideran un recorte de derechos.
Por otro lado, el proyecto también introduce cambios en el régimen de vacaciones, ya que le permitiría a empleadores y trabajadores acordar acuerdos más flexibles en torno al pedido de días de descanso.
Una de las propuestas es la posibilidad de fraccionar las vacaciones en varios tramos durante el año (nunca menores a siete días), en lugar de los períodos fijos tradicionales, siempre con acuerdo mutuo.
Estas modificaciones buscan adaptar las prácticas de descanso a la realidad productiva y personal de los trabajadores, aunque gremios advierten que podría debilitar los derechos laborales si no se acompaña de salvaguardas claras.
Por su parte, la reforma contempla la digitalización del proceso de registración laboral y la aclaración de aspectos vinculados a la antigüedad de los trabajadores.
En esta línea, el proyecto apunta a simplificar la formalización de contratos y evitar disputas administrativas sobre la situación laboral de una persona.
La antigüedad, pieza clave en varios beneficios laborales, se mantendrá como elemento para ciertos derechos, aunque con procedimientos más claros para su acreditación mediante sistemas electrónicos centralizados.