El proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno del presidente Javier Milei ingresó este miércoles al Senado con un amplio paquete de cambios acordados entre el oficialismo y bloques aliados, en un intento por destrabar su tratamiento y convertirlo finalmente en ley.
El texto definitivo contiene 28 modificaciones respecto a la versión original enviada en diciembre pasado, ajustadas para garantizar mayor consenso político y sortear resistencias en el Congreso.
Por su parte, la senadora Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA), encabezó la presentación de la nueva versión del proyecto y destacó que el acuerdo con 44 legisladores de diferentes fuerzas facilitará el inicio del debate en el recinto.
Según Bullrich, los cambios surgieron tras horas de negociaciones y buscan equilibrar la iniciativa con propuestas de la Unión Cívica Radical, el PRO y representantes provinciales.
La versión final que comenzó a debatirse en el Senado incluye diversas modificaciones al texto original, que cuentan con un impacto en distintos aspectos del derecho del trabajo:
Uno de los cambios más relevantes apunta a la derogación escalonada de estatutos gremiales específicos, como el de periodistas, peluqueros, viajantes de comercio y otros regímenes profesionales. La derogación no será inmediata y habrá un plazo de 180 días tras la sanción de la ley para negociar nuevos convenios colectivos sectoriales.
El proyecto que inicialmente planteaba una sola categoría para el Fondo de Asistencia Laboral, un mecanismo destinado a financiar indemnizaciones de despido, fue modificado.
El acuerdo incluye dos categorías de aportes, donde las grandes empresas aportarán 1% de lo que destinan a aportes previsionales.
Por su parte, Pymes, micro y medianas empresas aportarán 2,5% con posibilidad de ajuste según controles parlamentarios.
El artículo que proponía una reducción del Impuesto a las Ganancias para grandes empresas fue eliminado del texto final tras resistencia de aliados provinciales.
Por otro lado, se mantuvo la contribución de empleadores al sistema de obras sociales en un 6%, aunque la Superintendencia de Servicios de Salud podrá auditar el destino de esos fondos.
También se estableció un tope para aportes y contribuciones sindicales a favor de asociaciones de empleadores y trabajadores.
Por otro lado, dentro de las modificaciones, se preserva la vigencia de la Justicia Nacional del Trabajo hasta que se complete la transferencia de competencias entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires, con una reorganización progresiva de materias laborales bajo la órbita federal.
Quedó establecido en el texto que las remuneraciones deben abonarse únicamente mediante acreditación bancaria o en institución oficial, descartando el pago a través de billeteras virtuales o Proveedores de Servicios de Pago regulados por el BCRA.
Además, se incorporaron normas sobre discrepancias con certificados médicos, que podrán dirimirse en juntas médicas oficiales o privadas reconocidas, a cargo del empleador.