La Cámara de Diputados recibió un proyecto de ley que busca dar respuesta a uno de los sectores de mayor crecimiento en la economía argentina: los trabajadores digitales independientes.

La iniciativa, impulsada por la diputada mendocina Lourdes Arrieta, propone la creación del Monotributo Digital Autónomo, un subrégimen dentro del actual sistema simplificado de pequeños contribuyentes, diseñado específicamente para quienes generan ingresos a través de plataformas, redes sociales o servicios digitales.

Monotributo: cómo es el proyecto para formalizar a freelancers y creadores de contenido

El objetivo central del proyecto es formalizar la actividad de freelancers, creadores de contenido y trabajadores de aplicaciones de intermediación, que se mueven en un terreno de informalidad y falta de reconocimiento normativo.

Según la propuesta, este nuevo régimen permitiría a los trabajadores acceder a cobertura previsional, aportes jubilatorios y servicios de salud, sin perder la autonomía que caracteriza a sus actividades.

La medida apunta a adaptar el sistema tributario argentino a la nueva economía digital y reconoce modalidades laborales que crecen a ritmo acelerado en todo el país.

"Miles de personas generan ingresos mediante plataformas tecnológicas sin relación de dependencia, y es necesario darles respaldo legal y previsional", sostuvo la legisladora. El proyecto contempla actividades como:

Proyecto busca formalizar a freelancers y repartidores bajo un régimen de Monotributo Digital

Además de la inclusión fiscal y previsional, la iniciativa plantea la necesidad de garantizar transparencia algorítmica en las plataformas, un aspecto que busca equilibrar la relación entre empresas tecnológicas y trabajadores. 

El Monotributo Digital Autónomo se presenta como una herramienta de formalización y un mecanismo para fomentar la competitividad en el sector, en medio del debate por la inminente llegada del proyecto de reforma laboral que el Gobierno planea enviar al Congreso antes de fin de año.

El proyecto ya generó debate en ámbitos empresariales y sindicales, donde se reconoce que la economía digital representa un desafío para los marcos regulatorios tradicionales. 

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