Luego de la victoria del oficialismo en las elecciones legislativas, el Gobierno anticipó que volverá al ruedo con la reforma laboral, que buscará un cambio profundo del régimen de trabajo.
Tras el contundente triunfo electoral del oficialismo, el Gobierno busca implementar un nuevo marco regulatorio que, según el oficialismo, promete formalización, empleo genuino y flexibilidad legislativa.
Al mismo tiempo, una serie de modificaciones ya anunciadas mediante decreto muestran que algunas de las propuestas ya fueron adoptadas por algunas de las firmas de la economía digital.
La iniciativa que utilizará el oficialismo está firmado por Romina Diez, cercana a la secretaria de la Presidencia Karina Milei. Los pilares del proyecto incluyen
La iniciativa también apunta a reordenar los convenios colectivos: privilegio de negociaciones a nivel empresa sobre los de actividad, mayor flexibilidad para negociar salarios vinculados a productividad y desvinculación de la inflación automatizada.
Desde la óptica del Gobierno, el cambio debe servir para reducir la informalidad (hoy en cifras elevadas) e impulsar la contratación de trabajadores que se encuentran en asistencia social o en el limbo del mercado laboral.
La reforma ya recoge elementos que empresas como Mercado Libre vienen impulsando o adaptando.
La compañía de Marcos Galperin firmó en 2019 un convenio con el Sindicato de Carga y Descarga, homologado de manera express por el ministro de Trabajo y Producción macrista Dante Sica en 2019, con cláusulas como:
Desde el sector empresarial, la reforma es vista como una oportunidad para generar mayor dinamismo en la contratación, reducir los "costos de despido" y ofrecer mayor previsibilidad.
Por ejemplo, el argumento es que "si damos lo mismo para todos, terminamos generando desempleo", según el Gobierno.
Sin embargo, los sindicatos plantean un escenario opuesto: advierten que la flexibilización puede derivar en precarización laboral, menores salarios reales, debilitamiento de la negociación colectiva y pérdida de poder adquisitivo en un país con inflación persistente.
La reforma laboral de Milei llega en un momento de urgencia para la economía argentina: con alta informalidad, baja inversión, fuga de talentos y necesidad de recuperar competitividad.
Pero el éxito de la medida dependerá de múltiples factores: la vigencia real de los nuevos acuerdos colectivos, la actuación del sistema judicial laboral, la capacidad del Gobierno de mantener equilibrios políticos y la reacción institucional de sindicatos y empresas.
Pese a la victoria legislativa, el oficialismo está obligado a negociar con las otras fuerzas para que el proyecto finalmente sea aprobado.
Si bien el futuro laboral está mutando debido a la tecnología, la duda es si ese modelo se extenderá de manera universal y bajo qué condiciones, o si quedará acotado a empresas de alto crecimiento y "actividad innovadora".