PedidosYa llevó a cabo una reestructuración en sus operaciones de atención al cliente, que resultó en el cierre del centro de contacto ubicado en Uruguay, donde aproximadamente 250 empleados de la empresa de entrega desempeñaban sus funciones.
Esta decisión, según fuentes internas, responde a la intención de la tecnológica uruguaya de mejorar la experiencia de servicio para sus usuarios mediante un cambio en su enfoque en la atención al cliente.
La empresa, con presencia en 15 países de la región a través de su aplicación de envíos, busca optimizar sus prácticas operativas para ofrecer un servicio más eficiente y satisfactorio a sus usuarios.
Como parte de una reestructuración en su área de atención al cliente, PedidosYa ha cerrado su centro de contacto en Uruguay, donde 250 empleados llevaban a cabo labores.
La empresa de delivery optará por contratar proveedores externos, tercerizando la gestión de interacciones con los clientes con el objetivo declarado de "brindar las mejores experiencias posibles a sus usuarios".
Los trabajadores afectados, actualmente en asamblea permanente, han solicitado la intervención del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). PedidosYa ha indicado que, por el momento, no se reubicará a ninguno de ellos dentro de la empresa, pero se compromete a otorgar indemnizaciones de acuerdo con la legislación uruguaya y activar el seguro de desempleo según corresponda.
Aunque se mantendrá la relación laboral con alrededor de 1.000 empleados en Uruguay, considerado un mercado "clave", los sectores no afectados por la reestructuración incluyen áreas relacionadas con la experiencia de compra de los usuarios, como tecnología, UX, producto, finanzas y marketing.
Frente a la pregunta sobre si los nuevos proveedores de atención al cliente serán empresas uruguayas o de otros países, PedidosYa asegura que "la optimización de la experiencia de nuestros usuarios con el servicio de contact center se realizará a través de la contratación de diferentes proveedores en Latinoamérica".
Además, señalan que ya cuentan con proveedores en Uruguay y otros países de la región, y algunos exempleados han recibido ofertas laborales debido a su conocimiento específico de la empresa.
Con más de 5.500 empleados directos en sus oficinas locales y en dos centros de servicios regionales ubicados en Montevideo y Buenos Aires, PedidosYa desmiente rumores sobre el traslado de actividades logísticas de Uruguay a Argentina.
La Aduana aseguró que sus agentes especializados "detectaron una grave falta de la empresa PedidosYa" debido a que "abusó de beneficios fiscales y defraudó al Estado Nacional" mediante el ingreso de indumentaria y bolsos/cajas con el logo de la empresa como bienes de uso, "cuando en realidad eran bienes de cambio".
"Estos productos serían comprados por los repartidores para poder trabajar en la plataforma de delivery", argumentó la entidad, que aclaró que "los bienes de uso tienen algunas excepciones fiscales porque son los que utilizan las empresas para ejercer su actividad, pero en este caso la mercadería era comercializada".
"A raíz de la maniobra desplegada, la empresa se vio beneficiada al no tener que ingresar percepciones" impositivas debido a que "la importación definitiva de bienes de uso se encuentra dentro de las excepciones para el ingreso de percepciones del 'IVA adicional' (10 o 20%) y de Ganancias (6%)", según informó Télam.
La mercadería importada consistía en remeras, materias textiles, camisetas y "las típicas cajas que utilizan los repartidores en bicicletas y motos", aseguró la dependencia.
Asimismo, remarcó que "la investigación demostró que estos productos también eran utilizados como material publicitario" y "tuvieron un tratamiento contable distinto" al no haber sido registrados como bienes de uso.
"En base a las tareas de control del organismo, se determinó que PedidosYa importó mercadería valuada en u$s754.038,38 y omitió ingresar en concepto de percepciones de impuestos un total de u$s296.563,29", completó la DGA.
La Aduana remarcó que "la infracción cometida por la empresa se encuentra tipificada en el artículo 954 inciso A y 956 inciso B del Código Aduanero", por lo que presentó la denuncia en el fuero contencioso y estimó que "la multa por la transgresión podría ser de hasta u$s1.400.000".
Las apps de delivery estuvieron en los últimos meses en la mira del gobierno tras la multa de $59 millones que el gobierno bonaerense impuso a Rappi por cobrar, como "tarifa de servicio", un monto no informado con antelación a los usuarios.
Además, el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, le exige que devuelva a los consumidores lo recaudado bajo ese concepto: 13 millones desde enero de 2022 hasta marzo de 2023.
Rappi ya había sido imputada en marzo por el cobro de cargos adicionales compulsivos, que violan Ley Nacional de Defensa del Consumidor. Si bien pudo evitar la sanción retirando el cargo extra, decidió no hacerlo.
Osvaldo Bassano, presidente de la Asociación de Defensa de Derechos de los Usuarios y Consumidores (ADDUC), asegura a iProUP que las multas son aplicables y añade que no solo las apps de delivery suman cargos indebidos: también los bancos y otras empresas.
"Las normas de Derecho al Consumidor establecen que no pueden cobrar de más. Si la sentencia se resuelve en contra, deberán pagar las multas, los intereses y devolver lo que ordene el Juzgado. Lo que va a pasar, es que se van a correr ellos y esto terminará siendo un perjuicio para los pobres pibes que trabajan ahí", puntualiza.
La secretaria adjunta del SiTraRepA (Sindicato de Base de Trabajadores de Reparto por Aplicación), que se identifica como Belén, asegura que la multa es insuficiente. "Le sirve al Estado para recaudar, pero no resuelve ni la situación de los repartidores ni los abusos de estas empresas a los usuarios", completa.