Las SRL y SAS serán obligadas a presentar balances retroactivos desde su constitución, y sus socios serían responsables ilimitada y solidariamente.
"El Gobierno incorpora facultades para poder perseguir y disolver a las PyMEs sin intervención de la justicia", comentaron desde la Asociación de Emprendedores de Argentina (ASEA).
Desde la aprobación de la Ley de Emprendedores en 2017, se crearon más de 50.000 empresas bajo la figura de la SAS y se generaron más de 120.000 puestos de trabajo registrados.
Son las SAS, las sociedades que tuvieron mayor crecimiento de recaudación fiscal, y mayor creación de puestos de trabajo, según los datos oficiales del Ministerio de Trabajo y de la AFIP.
Sin embargo, la IGJ limitó su uso en 2020 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con resoluciones cuestionadas judicialmente, situación que generaó incertidumbre y dificultades para los emprendedores.
A pesar de las limitaciones impuestas por la IGJ, las SAS aún son una figura societaria muy utilizada en provincias como:
- Santa Fe
- Tucumán
- Mendoza
- Córdoba, donde representan la mayoría de las sociedades creadas
De aprobarse el Gobierno requerirá un registro
Registro de emprendedores
"Bajo la supuesta bandera de combatir el lavado de activos, el Gobierno busca quedarse con el poder absoluto y discrecional de decidir quién puede emprender en Argentina", argumentaron.
De esta forma, crea un "registro de emprendedores" a cargo del Ministerio de economía de Sergio Massa y la Secretaría de Desarrollo Productivo (a cargo de De Mendiguren), mediante el cual se le da la potestad de aceptar o rechazar a quien se considera emprendedor, y por lo tanto quien puede ser socio de una sociedad.
"Es preocupante que el proyecto levante la limitación de responsabilidad de todos los socios y administradores de las SRL y las SAS en el país frente a terceros", detallaron en un comunicado.
Asimismo, el proyecto de ley permite que el poder ejecutivo disuelva cualquier sociedad sin posibilidad de que exista recurso judicial alguno, y confisque todos los bienes de la sociedad, sin ningún tipo de intervención de un juez.
"Hay empresas que tienen más de 50 años, no tiene ningún sentido poner una multa de $100.000 por cada Balance no presentado, que podrían implicar en multas más de $5.000.000 a cada pyme", sostuvo Carlos Vanney, profesor de la Universidad Austral.
Por su parte, Manuel Tanoira, socio fundador y parte del equipo de políticas públicas de la Asociación de Emprendedores de Argentina (ASEA) agregó: "No termina de entenderse por qué, en el contexto complejo en el que se encuentra el país, se ponen trabas para aquellos que tienen pymes".
Habrá que esperar a ver si prospera el proyecto
Un registro cuestionado
Vanney agregó: "Por tres años tuvieron a los emprendedores en vilo, diciéndoles que sus empresas eran ilegales. Ahora suman a las SRL y les dicen que no van a tener más limitación de responsabilidad".
Por otro lado, Lisandro Hadad, Director del Departamento de Derecho Empresario de la Universidad Nacional de Rosario enfatizó que: "la creación de un Registro Nacional de Emprendedores es totalmente inconstitucional".
"Es inviable que a un emprendedor del interior, un organismo nacional le diga si puede o no emprender. Claramente, rompe con el federalismo de nuestra Constitución", completó.