En Brasil, una nueva regulación debería motivar a firmas como la filial local de Telefónica a abalanzarse sobre los activos del exabanderado nacional en apuros Oi. El Senado dio el visto bueno el miércoles a un proyecto de ley que espera que impulse la inversión en banda ancha. Si Bolsonaro sanciona la ley, las operadoras podrían vender activos como bienes raíces y ya no tendrían que seguir invirtiendo dinero en las cabinas de toda la vida.
El mayor beneficiario de esta movida es Oi, que tiene un valor de mercado de 1.400 millones de euros, pero que debe 3.100 millones netos. Los pagos de intereses de este año se comerán el 60% de sus 1.400 millones de ebitda. Después del gasto de capital necesario y otros costes, probablemente fundirá unos 530 millones en efectivo. El nuevo régimen legal le permitiría vender 700 millones solo en activos inmobiliarios, según los analistas de Itaú BBA.
Eso podría convertir Oi en un objetivo viable para Telefónica, cuya filial vale 18.000 millones. Es probable que los reguladores prefieran que los activos de Oi vayan a sus pares antes que correr el riesgo de que colapsen.
Brasil contrasta con el caso europeo: Margrethe Vestager, comisaria europea de Competencia, ha descartado prácticamente la posibilidad de que se produzca una importante consolidación a nivel intranacional entre operadores de la UE.
El Gobierno de Malasia ayudó a acabar con las conversaciones entre Axiata y la noruega Telenor, que habrían creado un campeón regional de 36.000 millones. El regulador antimonopolio de Australia bloqueó un acuerdo de 9.000 millones entre TPG Telecom y la unidad local de Vodafone, una decisión que ambas han apelado.