La Cámara de Diputados recibió el proyecto de Ley de Competitividad Financiera, una reforma integral de 240 artículos que modifica el mercado de capitales, los instrumentos de crédito, las garantías y parte de la normativa tributaria.
La iniciativa, impulsada por el presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, incorpora por primera vez con validez legal plena la emisión, registro, transferencia y negociación de valores negociables mediante tecnología blockchain.
El proyecto incorpora el principio de neutralidad tecnológica al mercado de capitales. Esto significa que acciones, obligaciones negociables, cuotapartes de fondos comunes de inversión y certificados de fideicomiso podrán emitirse, almacenarse, transferirse y negociarse mediante registros distribuidos u otros sistemas digitales equivalentes.
La tokenización deja de ser una figura informal o dependiente de interpretaciones regulatorias y pasa a tener reconocimiento jurídico expreso.
En la práctica, un valor negociable podría representarse digitalmente en una blockchain, siempre que el sistema garantice seguridad, integridad, verificabilidad, trazabilidad e identificación del emisor.
La iniciativa crea la figura de los "Otros Ámbitos de Negociación Autorizados". Esa categoría incluye plataformas digitales y sistemas basados en registros distribuidos que podrán operar Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) habilitados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).
El proyecto también establece que los valores representados digitalmente no necesitarán estar depositados obligatoriamente en un agente de depósito central ni negociarse exclusivamente en mercados tradicionales. Sin embargo, esas operaciones quedarán sujetas a la reglamentación de la CNV.
La entidad tendrá la responsabilidad de autorizar los ámbitos donde se negocien valores representados digitalmente. La reforma prevé que la CNV pueda habilitar plataformas, aplicaciones y sistemas basados en tecnologías de registros distribuidos para operar con esos instrumentos.
Además, la norma redistribuye funciones de supervisión entre la CNV y el Banco Central. Los activos virtuales quedarían bajo la órbita de la CNV, mientras que el Banco Central mantendría atribuciones vinculadas a la estabilidad financiera y a los instrumentos que puedan afectar al sistema de pagos.
La iniciativa también propone un cambio institucional relevante: la Comisión Nacional de Valores dejaría de ser un ente autárquico para funcionar como organismo desconcentrado dentro del Ministerio de Economía.
Según el mensaje que acompaña al proyecto, la reforma busca reducir los costos de las operaciones financieras, ampliar el acceso al crédito y adaptar la legislación a la economía digital. La tokenización permitiría fraccionar activos, reducir intermediaciones y mejorar la liquidez de instrumentos que hoy requieren procesos administrativos más costosos.
La iniciativa también reforma las garantías de créditos y amplía los bienes que pueden utilizarse como colateral. Ese cambio busca facilitar el acceso al financiamiento, especialmente para empresas y proyectos que hoy encuentran obstáculos para ofrecer garantías tradicionales.
El proyecto llega después de que la CNV emitiera la Resolución General 1172/2026, publicada el 15 de octubre, que establece que los PSAV tienen prohibido ofrecer o intermediar activos virtuales que constituyan valores negociables sin autorización previa de oferta pública.
En ese marco, la nueva ley busca ordenar la relación entre activos virtuales, valores negociables y plataformas de negociación. La tokenización de un activo no lo convierte automáticamente en un valor negociable: la calificación dependerá de sus derechos económicos y de la normativa aplicable.
El proyecto ingresó a la Cámara de Diputados y fue girado a cuatro comisiones. La reforma se presenta como una de las iniciativas económicas más amplias del Gobierno y abarca cuestiones integrales de la economía nacional, como el mercado de capitales, el crédito, las garantías y la tributación.
Sin embargo, su tratamiento enfrenta un obstáculo político. El Gobierno decidió retirar el proyecto tras la polémica generada por una disposición que proponía gravar con Impuesto a las Ganancias la venta de CEDEAR, un punto que generó rechazo entre inversores y sectores del mercado financiero.