El caso Adorni volvió a poner en agenda un tema clave para el ecosistema cripto: la diferencia entre las billeteras frías y las calientes, y qué nivel de seguridad ofrecen cada una.
La incógnita ocurre luego de que trascendiera que parte de los fondos involucrados estaban almacenados en dispositivos de autocustodia, algo que llevó a muchos usuarios a preguntarse cómo funciona realmente este tipo de almacenamiento.
Las billeteras calientes son aquellas conectadas a internet de manera permanente.
Se trata de aplicaciones móviles, plataformas web o software que permiten enviar y recibir criptomonedas de forma inmediata.
Su principal ventaja es la comodidad y la rapidez: el usuario puede operar en segundos, sin necesidad de pasos adicionales.
Sin embargo, esa misma conexión constante las vuelve más vulnerables a ataques informáticos, phishing o hackeos.
En contraste, las billeteras frías funcionan sin conexión a internet. Pueden ser dispositivos físicos —como las conocidas hardware wallets— o incluso soportes analógicos, como hojas de papel con claves impresas.
Al estar desconectadas, ofrecen una capa de seguridad mucho mayor frente a intentos de robo digital. La desventaja es que resultan menos prácticas para operaciones cotidianas, ya que requieren pasos adicionales para mover los fondos.
Lo recomendado suele ser un esquema mixto: utilizar billeteras calientes para transacciones frecuentes y billeteras frías para almacenar grandes cantidades de criptomonedas a largo plazo.
De hecho, las exchanges más importantes del mundo guardan la mayoría de sus reservas en frío, dejando solo una parte en caliente para garantizar liquidez inmediata.
La investigación judicial sobre el patrimonio de Manuel Adorni sumó un nuevo capítulo y ahora puso el foco directamente sobre las billeteras de Bitcoin con las que el exjefe de Gabinete buscó justificar el origen de una parte de sus fondos.
El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió verificar técnicamente ocho direcciones de Bitcoin que la defensa presentó en el expediente y que, según su versión, le permitieron obtener u$s591.544,61 antes de su ingreso a la función pública.
La medida forma parte de la causa en la que Adorni es investigado por presunto enriquecimiento ilícito y apunta a comprobar si las operaciones descriptas por el exfuncionario efectivamente ocurrieron de la manera en que fueron relatadas.
Para hacerlo, Pollicita solicitó al juez federal Ariel Lijo autorización para realizar un procedimiento criptográfico sobre las ocho direcciones. La fiscalía todavía necesita esa autorización judicial para avanzar con la apertura del sobre que contiene las claves privadas.
Según la explicación presentada por Adorni, él y su esposa, Bettina Angeletti, habían reunido ahorros antes de 2014 y comenzaron a destinarlos a la compra de criptomonedas.
La defensa ubicó una primera inversión de u$s1.897,20 en 2014 y sostuvo que el grueso del capital, u$s199.883,20, fue colocado en 2017, cuando más del 99% del dinero destinado a estas operaciones habría sido invertido.
La estrategia habría permitido transformar esos fondos en un monto cercano a los u$s600.000. La defensa sostiene que los Bitcoin fueron vendidos entre 2017 y 2018 mediante operaciones presenciales con particulares, a cambio de dólares en efectivo.
Según ese relato, el dinero nunca pasó por bancos ni exchanges y permaneció guardado durante varios años hasta que comenzó a utilizarse después de la llegada de Adorni al Gobierno, en diciembre de 2023.
El problema que busca resolver la fiscalía es que una billetera de autocustodia no lleva necesariamente el nombre de su propietario. La defensa aportó un acta notarial de septiembre de 2026 en la que se dejó constancia de que Adorni actualmente posee las claves privadas y puede acceder a las ocho direcciones.
Sin embargo, la fiscalía busca establecer algo diferente: si esas billeteras estaban efectivamente bajo su control en el momento en que se realizaron las operaciones entre 2014 y 2018.
Para comprobarlo, Pollicita pidió que el abogado de Adorni, Matías Ledesma, concurra a la fiscalía junto con un perito de parte y el sobre lacrado que contiene las claves privadas. El procedimiento consistiría en ingresar a las billeteras mediante una aplicación de administración, como Sparrow o Electrum, y firmar un mensaje proporcionado por la fiscalía en cada una de las ocho direcciones.
Luego, especialistas de la Policía Federal realizarían una verificación criptográfica para comprobar que las firmas corresponden con las direcciones analizadas. El procedimiento sería grabado y las claves quedarían bajo resguardo de la defensa.
La investigación no se limitará, sin embargo, a las billeteras. Pollicita también decidió ampliar hacia atrás el período de análisis patrimonial de Adorni y Angeletti. Hasta ahora, la pesquisa se había concentrado desde 2012, pero el fiscal pidió reconstruir sus ingresos, actividades laborales y bienes desde que ambos alcanzaron la mayoría de edad.