Un documento publicado por el Sistema Europeo de Bancos Centrales, que agrupa al BCE y a los bancos centrales nacionales de la UE, aboga por normas más estrictas sobre stablecoins, staking y empresas de criptomonedas.
Se integra en la revisión que realiza la Comisión Europea del reglamento MiCA, vigente desde diciembre de 2024, cuyo último plazo transitorio para operadores existentes expiró el 1 de julio de 2026. Esa fecha obligó a plataformas como Binance a dejar de operar para parte de sus clientes en Europa.
El objetivo real son los mecanismos que esquivan la norma. El documento apunta que algunas plataformas ofrecen servicios de préstamo, toma en préstamo y staking de criptoactivos, "reproduciendo así el efecto económico de los pagos de intereses a través de servicios accesorios o no regulados".
Los bancos centrales quieren extender la prohibición a esas actividades y a las recompensas indirectas, incluidas determinadas ventajas de programas de fidelización. Lo califican de "una clara prioridad legislativa".
Washington optó por la dirección opuesta, y ese contraste define el escenario regulatorio global.
La ley GENIUS de 2025 prohibió a los emisores estadounidenses de stablecoins pagar intereses, pero dejó a las plataformas libres para ofrecer recompensas.
La discusión sobre si cerrar ese vacío se convirtió en uno de los debates más ásperos durante la tramitación de la Clarity Act, el proyecto que se quedó a diez votos de ser aprobado en el Senado estadounidense el 15 de septiembre de 2026.
Es decir, exactamente la cláusula que el BCE quiere endurecer en Europa es la que trabó la sanción de la ley en Estados Unidos.
Para el usuario, la diferencia práctica es directa. En Europa, si la recomendación prospera, ninguna plataforma podría ofrecer rendimiento sobre USDC o EURC, ni por intermedio de staking ni de programas de puntos. En Estados Unidos, esa posibilidad sigue abierta.
Los bancos centrales reclaman herramientas más contundentes frente a los tokens atados a divisas extranjeras, y el planteo es especialmente severo.
Consideran útil que las autoridades puedan imponer "una prohibición de emitir nuevos tokens, así como la obligación de amortizar los existentes" cuando estimen que esos activos suponen una amenaza para la estabilidad financiera.
Su argumento sobre la utilidad de las stablecoins dentro de Europa es explícito: ven beneficio limitado en su uso para pagos cotidianos, dadas las transferencias bancarias instantáneas y el proyecto de euro digital.
También advierten un problema jurídico concreto: MiCA no ofrece base legal para emitir una misma stablecoin simultáneamente dentro y fuera de la UE. En una retirada masiva de fondos, las reservas europeas podrían terminar respaldando a tenedores en otras jurisdicciones, mientras que "las autoridades de la UE no pueden determinar con certeza cuántos tokens se mantienen dentro de la Unión".
Hay además una advertencia sobre las stablecoins respaldadas por dinero de banco central. Un token completamente respaldado de ese modo "equivaldría de facto a una moneda digital sintética de banco central", una imitación privada del euro digital que podría vaciar los depósitos de la banca comercial en situaciones de tensión.
Sobre el staking, donde los usuarios bloquean criptoactivos a cambio de recompensas, la respuesta es tajante: "El staking, el préstamo y la toma en préstamo de criptoactivos deben regularse a escala de la Unión".
El razonamiento jurídico es relevante. Cuando una empresa recibe criptoactivos de sus clientes y promete devolverlos, eventualmente con una prima, los bancos centrales sostienen que esa estructura puede ser "comparable a la captación de fondos reembolsables", la definición técnica de lo que hace un banco.
Lo mismo aplican a las finanzas descentralizadas. MiCA exime a los servicios plenamente descentralizados pero nunca define el concepto, y el documento cita estudios que muestran que la descentralización total rara vez llega a materializarse, lo que deja abierta la pregunta de quién ejerce realmente el control.
En materia de licencias, los bancos centrales respaldan la propuesta de la Comisión de trasladar la autorización y supervisión de las empresas cripto desde los reguladores nacionales a la ESMA, el supervisor de mercados de la UE. Hoy una única licencia nacional da acceso a todo el bloque, vía que Binance intentó seguir en Grecia antes de retirar su solicitud el 24 de junio.
Aunque se trata de regulación europea, hay tres razones por las que importa en Argentina:
Un dato para dimensionar la distancia: las recomendaciones de los bancos centrales no son vinculantes. La Comisión las valorará junto a otras aportaciones antes de decidir si reabre la legislación, y diplomáticos europeos anticipan una revisión en 2027 que necesitaría el aval del Parlamento Europeo y de los Estados miembros.