La Inspección General de Justicia (IGJ) reordenó el régimen para constituir sociedades y ratificó la posibilidad de integrar el capital con Bitcoin y otras criptomonedas, dentro de un paquete de simplificaciones que reduce trámites, elimina exigencias formales y baja el costo de abrir una empresa en el país.
Los cambios se oficializaron este martes 22 de septiembre con la Resolución General 11/2026, firmada por el titular del organismo, Alejandro Horacio Ramirez, publicada en el Boletín Oficial y con vigencia desde este miércoles 23.
Los activos virtuales que ingresen al capital social tendrán que pasar por una serie de filtros muy concretos, que la IGJ mantiene y reordena ahora en el artículo 63 del régimen registral. En el instrumento constitutivo hay que dejar en claro qué activo se aporta, en qué cantidad, a qué valor y quién lo pone.
El socio aportante deberá probar que esos activos son suyos antes de la operación y depositarlos en una billetera o plataforma de un Proveedor de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) registrado ante la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Esa billetera queda a nombre de los administradores designados hasta que la sociedad obtenga su CUIT, momento en el que los activos se transferirán a la cuenta de la empresa.
Para valuarlos, la norma admite dos caminos: la certificación de un graduado en ciencias económicas sobre el valor de plaza o directamente la cotización que emita un PSAV inscripto.
El vínculo con los PSAV es la pieza que hace posible todo el mecanismo, porque son las plataformas que custodian los criptoactivos antes del aporte y las que en muchos casos terminan definiendo su cotización.
El registro nació en 2024 con la sanción de la Ley 27.739 contra el lavado de activos y en 2025 se endureció con la Resolución General 1058 de la CNV, que sumó exigencias patrimoniales, societarias, tecnológicas y de ciberseguridad para los prestadores.
Entre los inscriptos conviven exchanges locales y gigantes internacionales que también obtuvieron su inscripción:
Las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), creadas por la Ley 27.349 en 2017 como el vehículo más flexible del sistema societario argentino, siguen con un tratamiento diferencial.
Sus socios pueden valuar los aportes no dinerarios, criptoactivos incluidos, al precio que acuerden de común acuerdo, con la única condición de detallar en el estatuto, bajo declaración jurada, cómo llegaron a ese número.
La resolución también deja firme para las SAS la fórmula "la realización de cualquier actividad lícita" como objeto social admisible, alineada con la Ley 27.444 que ya había eliminado la obligación de enumerar taxativamente cada actividad.
La eliminación del dictamen de precalificación profesional es probablemente el cambio que más se va a sentir 'en la ventanilla', porque hasta ahora obligaba a que un escribano, un abogado o un contador firmara una revisión previa antes de que la sociedad quedara inscripta.
Con la nueva norma, ese trámite pasa a ser optativo. La IGJ también habilita una sede electrónica complementaria mediante una casilla de correo, que produce efectos frente a socios y terceros una vez inscripta, aunque no reemplaza a la sede física.
Y sumó una vía rápida para los aportes chicos: cuando el monto en efectivo a integrar sea igual o inferior a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM), alcanza con una declaración jurada del administrador o de los socios.
En la 'letra chica' de la resolución, el organismo deja escrito su cambio de enfoque, cuando sostiene que los registros de sociedades tienen que funcionar "como ventanillas de habilitación ágiles, orientadas a la publicidad y a la certeza jurídica, y no como filtros de control previo de naturaleza discrecional".
Bajo esa lógica, la IGJ eliminó la exigencia de conexidad o complementariedad entre las categorías de actividades del objeto social y también la obligación de adecuar el capital al objeto.
Como respaldo internacional, la norma se apoya en las recomendaciones de la Guía Legislativa de la CNUDMI de 2022 y en el derecho comparado de varios países: