La demora del CLARITY Act, el proyecto que busca establecer un marco regulatorio integral para los activos digitales en los Estados Unidos, no debería traducirse en una pausa completa para el sector, según expresó Michael Saylor, presidente de Strategy, el mayor holder institucional de Bitcoin (BTC).
Saylor respaldó así la continuidad del trabajo bipartidista en torno al proyecto, pero planteó –al mismo tiempo– una vía paralela, donde los organismos reguladores utilicen las facultades que ya tienen bajo la legislación vigente para avanzar en materia de activos digitales.
El ejecutivo mencionó específicamente a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) y el Departamento del Tesoro.
Su planteo no atribuyó nuevas medidas a ninguno de estos organismos ni anticipó regulaciones concretas, sino que se trata –en cambio– de una expectativa sobre la posibilidad de que las instituciones continúen desarrollando criterios dentro de sus competencias actuales.
El argumento de Saylor separó dos procesos que suelen aparecer estrechamente vinculados:
Bajo esa lógica, la demora del CLARITY Act no necesariamente impediría que el mercado pudiese tener señales regulatorias graduales, ya que las agencias podrían avanzar mediante interpretaciones, reglas u otras medidas compatibles con las leyes actuales, mientras el Congreso continúa debatiendo el proyecto.
Sin embargo, Saylor no precisó qué disposiciones deberían adoptar la SEC, la CFTC o el Tesoro, no estableció un calendario para eventuales acciones y tampoco afirmó que exista un acuerdo entre los organismos sobre cómo avanzar.
Esta postura del ejecutivo dejó abierta una cuestión relevante para el mercado, acerca de qué rol podrían tomar los distintos reguladores y qué criterios diferentes tendrían dependiendo de las características de cada producto o servicio.
De esta forma, la custodia, los pagos, los mercados y el crédito digital pueden involucrar competencias regulatorias distintas, por lo que una estrategia basada únicamente en las facultades existentes no necesariamente produciría un marco uniforme.
Otro de los ejes de la declaración de Saylor fue el papel que podrían desempeñar los bancos en una mayor integración de Bitcoin con el sistema financiero tradicional. El ejecutivo vinculó el eventual avance regulatorio con una mayor disponibilidad de servicios bancarios de custodia de Bitcoin y de préstamos respaldados por BTC.
La custodia le permitiría a las entidades financieras administrar o proteger los BTC para sus clientes, mientras que los préstamos garantizados con el activo utilizarían las tenencias de BTC como respaldo para obtener liquidez. Saylor presentó estos desarrollos como posibilidades asociadas con una mayor claridad regulatoria, no como productos que ya estén disponibles de forma generalizada.
La expansión de este segmento también dependería de cuestiones que exceden una eventual orientación regulatoria como la gestión del riesgo, requisitos de capital, cumplimiento normativo, valoración de las garantías y mecanismos de liquidación, entre otros factores.
En caso de que los bancos amplíen su participación, una de las consecuencias potenciales sería la creación de más alternativas para que los tenedores de Bitcoin accedan a liquidez sin desprenderse directamente del activo.
Por otro lado, dentro de los dichos de Saylor, el ejecutivo planteó su visión sobre GENIUS y la legislación estadounidense vinculada al marco regulatorio de las stablecoins.
Saylor presentó GENIUS como un elemento que puede respaldar la adopción de estos activos digitales, diseñados para mantener un valor estable en relación con una referencia, habitualmente una moneda fiduciaria.
Mientras la ley CLARITY aparece asociada a la definición de reglas para distintos segmentos del mercado de activos digitales, GENIUS representa, en el argumento de Saylor, una base para desarrollar la infraestructura vinculada con las stablecoins.
En su mensaje –sin embargo– Saylor no especificó qué emisores, productos o mercados podrían beneficiarse de ese proceso ni detalló mecanismos regulatorios concretos.
El punto central de la declaración del ejecutivo fue que el desarrollo del mercado de activos digitales no debería medirse exclusivamente por el ritmo de aprobación del CLARITY Act.
Para Saylor, existe un margen para que el sector continúe desarrollándose mientras el Congreso debate el proyecto.