El Ministerio Público Fiscal capacitó a fiscales, empleados y magistrados en el rastreo, la detección y la incautación de criptomonedas, dentro de un curso especializado en activos virtuales dictado a distancia en agosto y septiembre.
La actividad, denominada "Activos virtuales: análisis financiero, rastreo, detección e incautación", estuvo a cargo de la abogada Carmen Chena, especialista en prevención de lavado de activos, y se dictó por Zoom el 19 de agosto y el 2 de septiembre.
El objetivo fue dotar al personal judicial de herramientas técnicas para avanzar en investigaciones penales que involucren bitcoin y otras criptomonedas, un tipo de causa cada vez más habitual en los tribunales del país.
El programa arrancó con el cambio de paradigma que introdujeron los activos virtuales en el proceso de recuperación de bienes, un punto central para fiscalías que buscan recomponer el patrimonio de víctimas de estafas o maniobras de lavado.
Desde ahí, el temario avanzó hacia los siguientes ejes:
También se trabajó el análisis de casos prácticos, con foco en cómo trazar movimientos en blockchain y ejecutar el secuestro de esos activos una vez identificados.
La capacitación se da en un contexto de mayor institucionalización del sector cripto en Argentina. Desde 2024, la Ley 27.739 incorporó al Código Penal la figura del Proveedor de Servicios de Activos Virtuales, mientras que la Comisión Nacional de Valores creó y reglamentó el Registro de PSAV a través de sucesivas resoluciones generales.
Ese registro obliga a exchanges y billeteras que operan en el país a inscribirse ante la CNV antes de prestar servicios de intercambio, transferencia o custodia de criptoactivos, como parte de la estrategia contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Para la Justicia, ese entramado normativo funciona como respaldo a la hora de exigir información a los proveedores registrados durante una investigación, un paso previo habitual antes de cualquier rastreo o incautación de fondos.