El manejo de los egresos corporativos en la Argentina atraviesa una transformación estructural impulsada por la adopción de herramientas de pago respaldadas en activos digitales. Cada vez más organizaciones incorporan tarjetas respaldadas en stablecoins (como USDT y USDC) para administrar su liquidez diaria, pagar a proveedores y cancelar servicios internacionales sin intermediaciones innecesarias.
La consolidación de este esquema responde a cambios regulatorios decisivos: tras la sanción de la Ley 27.739 y las resoluciones de la Comisión Nacional de Valores (CNV) que crearon el registro oficial de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), las cuentas de las plataformas inscriptas quedaron eximidas del impuesto a los créditos y débitos bancarios.
Este nuevo marco operativo despejó el camino para que las compañías utilicen sus saldos digitales en la economía real: entre julio de 2022 y junio de 2025, la Argentina acumuló transacciones en activos digitales por u$s93.900 millones -el segundo mayor volumen de América Latina-, mientras que cerca del 20% de la población opera con estas herramientas, según estimaciones de la Fundación Blockchain Argentina.
La mecánica operativa permite que las empresas conserven sus fondos en moneda dura digital hasta el segundo exacto en que se concreta el consumo:
Conversión instantánea en el punto de venta: La empresa mantiene sus saldos en la plataforma registrada o en billeteras de autocustodia. Al procesar un pago, el sistema cotiza el equivalente, liquida únicamente la fracción necesaria de criptoactivos y abona en pesos argentinos a través de las redes Visa o Mastercard.
Rendimiento de los saldos no utilizados: Como no se requiere vender los fondos de manera anticipada, el remanente continúa generando rendimientos diarios o invertido en instrumentos de renta fija según las opciones de cada plataforma.
Volumen global en expansión: Durante julio de 2026, el gasto global mediante plásticos y tarjetas virtuales vinculadas a criptoactivos alcanzó los u$s759 millones, con un ticket promedio de u$s86 por operación.
Las soluciones corporativas resuelven dos de los principales desafíos de las áreas de administración y finanzas:
Emisión de plásticos y límites por centro de costo: Permiten generar tarjetas físicas o virtuales independientes para cada colaborador o área de la empresa, fijando topes diarios o mensuales y reglas de gasto específicas. La función de activación o pausa es instantánea ante irregularidades.
Automatización y menor carga administrativa: Los reportes de conciliación contable se generan de forma automática con respaldo on-chain, eliminando las horas que los equipos contables dedicaban a la verificación manual de comprobantes y facturas.
Suscripciones de software y contratos internacionales: Permiten abonar plataformas de computación en la nube, licencias informáticas y contratistas del exterior en minutos, evitando los recargos del "dólar tarjeta" y esquivando los plazos de 2 a 5 días hábiles que demandan las transferencias bancarias internacionales vía sistema SWIFT.
El uso de estos instrumentos en la operatoria comercial formal exige cumplir con pautas tributarias y normativas indispensables:
Hecho imponible e Impuesto Cedular: Cada disposición o pago con criptoactivos constituye una operación gravada, aplicando el impuesto cedular sobre la diferencia entre el valor de adquisición y el valor de realización, con alícuotas del 5% o del 15% según las características del activo.
Proveedores regulados por la CNV: Las operaciones deben canalizarse obligatoriamente a través de plataformas inscriptas en el registro de PSAV de la autoridad regulatoria.
Facturación electrónica en moneda local: Las adquisiciones en comercios locales deben respaldarse con su correspondiente comprobante electrónico en pesos emitido al tipo de cambio oficial de la fecha de la transacción para garantizar la trazabilidad contable.