Los principales reguladores bancarios de los Estados Unidos avanzan hacia un nuevo modelo de supervisión, con mayor foco en los riesgos financieros que pueden comprometer la estabilidad de las entidades y menor peso para cuestiones procedimentales o reputacionales.
La Reserva Federal (FED) de EE. UU., la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC) y la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC) buscan que las revisiones se concentren en problemas vinculados con:
El cambio podría tener un impacto particular sobre las empresas de criptomonedas, que durante los últimos años denunciaron dificultades para acceder a cuentas y servicios bancarios debido, entre otros factores, a la percepción de riesgo asociada con su actividad.
La nueva orientación llega acompañada por una reducción de la actividad supervisora. Las acciones públicas emitidas por las tres agencias pasaron de más de 500 en 2015 a 245 en 2025.
Por otro lado, la FED incorporó un estándar llamado "probabilidad anormal de daño anormal" para determinadas medidas vinculadas con prácticas inseguras o insanas. El objetivo es que los examinadores cuenten con fundamentos más sólidos antes de recomendar acciones severas contra una entidad.
El cambio también alcanza a los Matters Requiring Attention (MRAs), observaciones que surgen durante las revisiones de los bancos. Bajo el nuevo criterio, deberían concentrarse en cuestiones que representen riesgos financieros materiales, en lugar de incluir problemas que no tengan un impacto económico identificable.
Esto no supone eliminar la supervisión bancaria. Las entidades seguirán sujetas a controles sobre capital, liquidez, gestión de riesgos y protección de los depositantes. La diferencia está en que los reguladores deberán justificar con mayor precisión cuándo una deficiencia amerita una intervención formal.
Uno de los puntos más relevantes para el sector es el avance para retirar el riesgo reputacional como criterio de supervisión.
Las agencias presentaron una propuesta conjunta para eliminar estas referencias, mientras que la OCC comenzó a retirarlas de sus manuales.
El proceso todavía está en marcha, por lo que no se trata de un cambio completamente implementado en las tres instituciones.
La medida podría facilitar la relación entre bancos y exchanges, emisores de stablecoins y otras compañías de activos digitales, que necesitan cuentas bancarias, sistemas de pagos y acceso a liquidez en dólares.
Durante los últimos años, empresas cripto cuestionaron que algunas entidades financieras evitaran trabajar con ellas por temor a consecuencias regulatorias o reputacionales, una situación que alimentó las acusaciones sobre la denominada "Operación Choke Point 2.0".
El nuevo enfoque podría reducir obstáculos para negocios legales de activos digitales, pero también genera dudas sobre si un umbral demasiado alto para intervenir puede retrasar la detección de problemas.