La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) tenía todo listo para votar este viernes 14 de agosto la propuesta conocida como Regulation Crypto, su primera iniciativa formal de regulación específica para activos digitales. Pero el jueves 13 de agosto, el organismo dio marcha atrás:
La SEC canceló abruptamente la reunión programada y la votación queda pospuesta sin fecha de reemplazo, justo cuando el mercado esperaba una señal de certeza regulatoria tras el freno legislativo en el Senado de la Clarity Act.
La reunión había sido convocada para el 14 de agostocen la sede de la SEC en Washington, según el aviso de la Sunshine Act publicado el 10 de agosto. El punto del orden del día se titulaba "Regulación de Criptoactivos" y lo presentaba la División de Finanzas Corporativas.
Lo que los comisionados iban a decidir era si publicaban una propuesta de normas que crearía "un régimen de oferta a medida para determinados contratos de inversión relacionados con criptoactivos": una vía para que los proyectos de tokens capten capital sin atravesar el sistema de registro diseñado para acciones de empresas, aunque manteniendo obligaciones de divulgación y antifraude adaptadas a la operación.
El organismo citó "un problema de programación imprevisto" como motivo de la cancelación, y indicó que el encuentro se traslada a "una fecha posterior" sin precisar cuál.
El sector cripto, que venía descontando esta semana una señal regulatoria favorable, ahora vuelve a quedar a la espera. Ante la falta de avances en el Senado con la Digital Asset Market Clarity Act –la ley que establecería un marco legal para la actividad cripto en EE.UU.–, la industria había puesto sus expectativas en que la SEC tomara la posta. Con la reunión pospuesta, el mercado deberá esperar para saber qué poder del Estado avanza primero: la agencia regulatoria o el Congreso.
Además de la Regulation Crypto, se esperaba que la SEC avanzara con otro de sus grandes proyectos, la "exención de innovación" para la tokenización de valores, que también se anticipa demorada.
El marco que el presidente de la SEC, Paul Atkins, viene delineando desde marzo de 2026 tiene dos componentes centrales que operan en momentos distintos de la vida de un proyecto cripto.
El primero es la exención de registro para la etapa de financiamiento: Atkins mencionó cifras ilustrativas de hasta u$s75 millones en 12 meses para una posible exención de recaudación de fondos, aunque el aviso original de la reunión no confirmaba ningún umbral oficial.
El segundo es el llamado "puerto seguro de contrato de inversión": una salida de la jurisdicción de la SEC cuando el contrato de inversión termina. La idea de Atkins es que un token puede separarse del contrato usado para financiar su desarrollo una vez que el emisor cumple o abandona sus promesas y los compradores ya no dependen de su labor gerencial.
Ese principio no es nuevo: una interpretación conjunta de la SEC y la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) de marzo de 2026 ya lo había adoptado.
Se había convocado ocho días después de que el Senado estadounidense entrara en receso de agosto sin celebrar la votación de procedimiento sobre la Digital Asset Market Clarity Act. Los mercados de predicción ya habían reducido al 32% las probabilidades de aprobación de esa ley durante 2026.
Jaret Seiberg, analista de TD Cowen, lo había interpretado en una nota a clientes distribuida tras el primer aviso de la SEC: "Consideramos esto como la primera de varias regulaciones que la SEC llevará a cabo para proporcionar certeza regulatoria para los activos criptográficos después de que el Senado no logró, antes del receso de agosto, avanzar en la Ley de Claridad sobre la estructura del mercado de criptomonedas".
Un detalle que ya llamaba la atención en Washington antes de la cancelación: la SEC había publicado el primer aviso el lunes por la noche para una reunión el viernes, dejando apenas cuatro días entre el anuncio y la deliberación.
La comisión tiene actualmente tres miembros en lugar de su máximo legal de cinco –Atkins, Hester Peirce y Mark Uyeda, los tres republicanos–, una composición que hacía probable la aprobación de la propuesta pero que deja sin voz en el debate público a un comisionado demócrata en cuestiones como protección al inversor.
Los proyectos que necesitan financiamiento antes de que sus redes sean funcionales serían los más beneficiados si la propuesta finalmente ofrece divulgaciones de menor costo y una transición definida para dejar de ser tratados como valores.
Sofía Rearte, abogada especializada en regulación de activos digitales, había señalado a iProUP que el beneficio real está en algo menos visible que la exención de registro. "Lo que más pesa para un emisor no es ahorrarse el trámite inicial sino saber con certeza en qué momento deja de estar bajo la ley de valores.
Hoy un proyecto que salió al mercado hace tres años sigue sin saber si su token es un valor o no. Regulation Crypto pondría una fecha y unos criterios a esa transición, y eso es lo que permite que un exchange decida listarlo sin riesgo regulatorio", explica.
El riesgo está en los bordes del marco: un proyecto que se declare independiente mientras sus fundadores siguen controlando el código, la gobernanza, los activos de tesorería o el marketing podría no superar esa prueba de salida.
Las plataformas que hubieran listado ese token quedarían expuestas a haber operado un valor no registrado. Y hay un vacío estructural que la SEC no puede llenar sola: los activos que queden fuera de su perímetro pasarían a la supervisión de commodities de la CFTC, pero sin un marco federal completo para el mercado al contado. Eso solo lo puede crear el Congreso.
No, y esa es la limitación que el propio Atkins reconoce. Regulation Crypto trata específicamente sobre la autoridad de la SEC en materia de ley de valores aplicada a ciertas ofertas. La Clarity Act haría algo bastante más amplio: plasmaría en legislación federal el límite entre la SEC y la CFTC, establecería un régimen de mercado al contado para materias primas digitales y crearía vías de registro para los intermediarios.
Rodrigo Villalba, consultor en cumplimiento normativo para exchanges de la región, describe el problema práctico que genera esa diferencia.
"La SEC puede reinterpretar los contratos de inversión y usar exenciones dentro de la ley de valores, pero no puede otorgarle a la CFTC facultades que el Congreso no promulgó. El resultado es que exchanges y brókeres están preparándose en paralelo para dos escenarios distintos: un marco liderado por la agencia y uno legal posterior. Eso significa trabajo legal y tecnológico duplicado, con el costo que implica", detalló hace unos días a iProUP.
Atkins ha argumentado que la legislación ofrece una protección más sólida frente a una eventual reversión por parte de una futura comisión: una regla formal es más difícil de revertir que una declaración de personal, pero un cambio de composición en la SEC puede reescribirla. Una ley del Congreso, no.
Con la reunión de la SEC pospuesta sin nueva fecha, la atención vuelve a concentrarse en el Congreso. La próxima cita fija del calendario legislativo es el 15 de septiembre a las 13:15, hora de Argentina, cuando la moción de cloture sobre la Clarity Act madura en el Senado. Ese voto de procedimiento determinaría si el cuerpo puede avanzar con la consideración del proyecto, no si se convierte en ley.
Si en algún momento los comisionados de la SEC votan a favor de la Regulation Crypto, la propuesta se publicará en SEC.gov y en el Federal Register con instrucciones para presentar comentarios: la agencia suele dar entre 30 y 60 días para ese proceso. Después, el personal técnico podría revisar el texto y devolverlo a la comisión para una votación final, un proceso que puede llevar varios meses. Por ahora, el mercado cripto vuelve a quedar sin ninguna de las dos señales que esperaba esta semana.