El debate sobre la regulación de los activos digitales en Estados Unidos ingresó en una etapa crítica, ya que el Senado estadounidense está por entrar en un receso.
La denominada ley CLARITY Act. se perfila como uno de los proyectos más relevantes para el futuro del mercado de criptomonedas, ya que busca establecer un marco regulatorio integral para el sector.
La presión política se concentra en las próximas jornadas, debido a que si el Senado no logra consensuar y someter a votación el proyecto antes del receso legislativo, la iniciativa podría quedar relegada por la agenda electoral de cara a las elecciones de medio término.
De concretarse este escenario, CLARITY Act. vería reducidas significativamente sus posibilidades de convertirse en ley durante el actual período legislativo.
Esta propuesta legislativa apuntó a resolver uno de los principales problemas que enfrenta la industria en Estados Unidos: la falta de criterios claros para determinar qué organismo debe supervisar los distintos tipos de activos digitales.
En términos generales, el proyecto delimita las competencias entre la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC), otorgando a esta última un rol más amplio en la supervisión de determinadas criptomonedas consideradas commodities digitales.
De esta forma, el objetivo de la regulación es reducir la incertidumbre regulatoria que durante años generó litigios y diferencias de interpretación entre las agencias federales.
Aunque el debate público suele concentrarse en Bitcoin o Ethereum, el alcance de CLARITY también incorpora disposiciones sobre stablecoins, exchanges y proyectos de finanzas descentralizadas (DeFi), además de mecanismos de supervisión para emisores de activos digitales.
Agustín Crivelli, economista de la UBA y el CONICET, confirmó que la postergación del tratado de la ley tiene tres causas simultáneas y que la primera sería la agenda legislativa, porque el Senado desplazó la CLARITY Act para priorizar nominaciones federales y sanciones contra Rusia, dejándola sin fecha de votación.
"Los negociadores habían fijado el 7 de agosto como fecha límite para mantener chances de aprobación en 2026, pero el líder de la mayoría Thune reconoció que ese plazo no sería posible de cumplir", manifestó.
En segundo término, Crivelli sostuvo que existe un conflicto de interés que aún no fue resuelto, porque existe una cláusula que prohibiría a funcionarios, incluido el presidente Trump, respaldar proyectos cripto mientras legislan a su favor.
"Con el presidente directamente involucrado en tokens propios y en World Liberty Financial, los demócratas no ceden y varios republicanos tampoco defienden la posición con comodidad", añadió.
Finalmente, subrayó el economista, también existen disputas técnicas abiertas sobre jurisdicción SEC-CFTC y tratamiento de stablecoins que siguen sin resolverse.
"En este contexto, las probabilidades de que sea aprobado este año cayeron al 27% en Polymarket, desde el 82% que se proyectaba a principios de año", hizo hincapié Crivelli.
En el caso de Argentina, explicó el economista, se pueden ver tres efectos concretos.
Este retraso en el tratado de la ley se vio reflejado en la cotización de Bitcoin, ya que la criptomoneda comenzó esta semana a la baja en los u$s62.000, aunque actualmente el activo remontó su valor y su precio se sitúa en los u$s63.800.