Cuando Federico Sturzenegger presentó la primera fase del plan "Hojarasca" en 2025, el sector cripto y las empresas de tecnología financiera recibieron algunas señales positivas pero ningún cambio estructural. El anteproyecto que circuló esta semana cambia eso de forma radical.
El documento de 144 páginas (que el Gobierno preparó para enviarlo al Congreso con el regreso de la actividad legislativa) incluye un capítulo completo dedicado al sistema financiero que contiene las reformas más ambiciosas en materia de tecnología blockchain que Argentina haya propuesto formalmente desde que la industria existe.
El listado de cambios es largo, pero tres concentran la atención del sector fintech y cripto:
Dicho en términos prácticos: si esto se aprueba, un préstamo hipotecario podría garantizarse con Bitcoin, un fideicomiso podría emitir cuotapartes en blockchain y un contrato de alquiler podría ejecutarse automáticamente sin intervención de un juez si el inquilino no paga.
Para quienes no siguen el mundo de la tecnología financiera de cerca, la pregunta más básica es qué es exactamente un contrato inteligente y por qué darle validez legal tiene tanta importancia.
Un smart contract es un programa que corre en una blockchain y que ejecuta automáticamente las cláusulas de un acuerdo cuando se cumplen ciertas condiciones. No necesita abogados, no necesita notarios, no necesita bancos como intermediarios. Si A transfiere X activos a B y B no los devuelve en el plazo acordado, el contrato automáticamente ejecuta la garantía. Sin papeles, sin juicios, sin esperas.
El problema hasta ahora era que en Argentina (como en la mayoría de los países hasta hace pocos años) un smart contract no tenía ninguna validez jurídica. Era código. No era un contrato en el sentido legal del término, y por lo tanto no podía ejecutarse judicialmente si una de las partes lo incumplía o lo disputaba.
El anteproyecto propone cambiar eso al reconocer plena validez jurídica a los contratos inteligentes, y crea el Sistema Federal de Registro de Garantías, una base de datos nacional digital e interoperable para unificar la inscripción de prendas y warrants, donde la prioridad registral se determinará por la fecha, hora, minuto y segundo exactos del registro.
Ese último detalle parece técnico pero tiene implicaciones legales enormes. Hoy, en Argentina, los registros de garantías son provinciales, heterogéneos y lentos. Un banco que quiere tomar una prenda sobre un vehículo en Córdoba sigue un proceso distinto al de un banco en Tucumán. El Sistema Federal de Registro unificado y digital en tiempo real resolvería un problema que el sistema financiero viene arrastrando hace décadas.
El cambio que más entusiasma al ecosistema fintech local es la habilitación formal de las criptomonedas como respaldo para préstamos y otras obligaciones financieras.
La prenda con registro se amplía para incluir expresamente a las criptomonedas, los derechos de propiedad intelectual, las acciones, los derechos contractuales y los flujos de fondos futuros.
Hoy, si alguien tiene u$s100.000 en Bitcoin y quiere pedir un préstamo en pesos usando ese Bitcoin como garantía, prácticamente no tiene opciones en el sistema financiero formal. Los bancos no aceptan criptomonedas como colateral porque no hay un marco legal que regule esa prenda ni un registro donde inscribirla. El proyecto de Sturzenegger resolvería ese vacío de un plumazo.
Emilia Carabelli, programadora especializada en desarrollo de contratos inteligentes sobre Ethereum y Solana, consultada por iProfesional, describe el impacto concreto que tendría en el mercado local: "Lo que más me entusiasma de este anteproyecto no es el reconocimiento de los smart contracts en sí, sino la combinación con las garantías".
"Si podés poner Bitcoin como colateral en un sistema formal, registrado con timestamp exacto en una base de datos nacional, se abre un mercado de crédito completamente nuevo en Argentina. Hay miles de personas con activos en cripto que hoy no pueden acceder a financiamiento formal porque el sistema no reconoce esos activos como garantía", precisa la especialista.
Pero el entusiasmo tiene sus asteriscos, y varios especialistas ya los están señalando.
El primero y más obvio es quién supervisa. El anteproyecto habilita que los fondos comunes de inversión inviertan en activos virtuales, pero no especifica con claridad qué organismo regulará esas inversiones, bajo qué condiciones de diversificación y con qué mecanismos de protección al inversor.
La Comisión Nacional de Valores tiene incumbencia, pero el texto no delimita hasta dónde llega su autoridad sobre instrumentos que por definición operan en redes descentralizadas que no reconocen fronteras.
El segundo problema es la ejecución de contratos inteligentes cuando hay disputas. Un smart contract es código, y el código puede tener bugs. Si un contrato se ejecuta incorrectamente (por error en la programación o por una condición mal definida) ¿qué mecanismo legal tiene el perjudicado para reclamar? La validez jurídica no responde automáticamente esa pregunta.
Segundo Carranza, experto en ciberseguridad con experiencia en auditorías de contratos inteligentes para empresas fintech de la región, pone el foco en ese punto: "Reconocer la validez legal de los smart contracts es un paso necesario y positivo".
"El problema es que el mismo día que esa ley entre en vigor, van a aparecer contratos mal escritos que se van a ejecutar de formas que los usuarios no esperaban", aclara el experto.
"El código es ley en blockchain y si hay un bug, la red lo ejecuta igual. Argentina necesita dar validez legal a los smart contracts y también crear un marco de auditoría obligatoria y un mecanismo de resolución de disputas que tenga en cuenta la naturaleza irreversible de las transacciones en blockchain", concluye.
Carranza agrega que el anteproyecto debería prever quién certifica los smart contracts que van a usarse como instrumento de garantía en el nuevo sistema federal de registros. "No es lo mismo un smart contract escrito por un equipo con tres auditorías de seguridad que uno escrito por alguien sin experiencia. Si un juez va a ejecutar ese contrato como si fuera un título de crédito, tiene que existir algún estándar mínimo de calidad del código".
El movimiento del Gobierno argentino no ocurre en el vacío. La tokenización de activos financieros y el reconocimiento legal de los contratos inteligentes es una tendencia que avanza en varios países simultáneamente.
El anteproyecto también habilita a las Organizaciones Autónomas Descentralizadas (DAO) que operan con tecnología blockchain como nuevas figuras empresariales con validez legal, siguiendo el modelo que ya existe en Suiza, Wyoming en Estados Unidos y algunos emiratos del Golfo.
El mercado global de smart contracts superó los u$s2.000 millones en 2024 y crece a tasas de doble dígito anual. La tokenización de activos del mundo real (bonos, propiedades, commodities) es uno de los sectores de mayor crecimiento en finanzas institucionales. BlackRock, JPMorgan y Fidelity tienen proyectos activos de tokenización de activos en blockchain.
Argentina, con un mercado financiero relativamente pequeño pero un ecosistema fintech y cripto de los más desarrollados de América Latina, podría posicionarse como un hub regional para este tipo de operaciones si el marco legal se implementa correctamente.
El anteproyecto de Sturzenegger en su capítulo financiero es, en esencia, la reforma más ambiciosa para el sector cripto y fintech que el Gobierno argentino haya propuesto formalmente. Validez legal para smart contracts, criptomonedas como garantía de crédito, valores negociables tokenizados, fondos comunes que pueden invertir en activos digitales y un sistema nacional unificado de registro de garantías en tiempo real. Es mucho para un solo paquete legislativo.
El riesgo es proporcional a la ambición. Implementar todo eso bien requiere regulación secundaria que el proyecto no desarrolla, marcos de auditoría que no existen todavía en el país, y una capacidad judicial para interpretar y ejecutar contratos en blockchain que el Poder Judicial argentino no tiene en este momento.
Si se aprueba con las garantías adecuadas de supervisión y protección al usuario, puede transformar el mercado de crédito y atraer capital institucional a un ecosistema cripto que ya es uno de los más activos de la región. Si se aprueba como desregulación pura sin los marcos de supervisión correspondientes, puede crear un sistema donde los contratos se ejecutan automáticamente pero los usuarios no tienen dónde reclamar cuando algo sale mal.
El texto todavía puede cambiar antes de llegar al Congreso. Lo que ya no puede cambiar es que el debate llegó, y que Argentina está a punto de tomar una decisión que definirá durante años cómo el sistema financiero local se relaciona con la tecnología blockchain.