La Unión Europea autorizó a BitPay a operar bajo el marco regulatorio MiCA, un aval que le permitirá ampliar sus servicios de pagos con criptomonedas en el bloque. La licencia fue otorgada por el regulador financiero de Países Bajos.
Con este permiso, la compañía podrá procesar pagos con criptoactivos en toda la Unión Europea, incluidos pagos transfronterizos, una herramienta pensada para empresas que operan con clientes y proveedores en distintos países.
La autorización también alcanza a soluciones para que los usuarios puedan utilizar sus criptomonedas en compras y otras transacciones cotidianas.
Mientras que los servicios de compra, venta e intercambio de activos digitales seguirán disponibles a través de socios de BitPay y no serán ofrecidos directamente por la empresa en todos los mercados.
La empresa no informó cuántos comercios espera incorporar ni cuál será el volumen de pagos que proyecta procesar. Sin embargo, la licencia le brinda una base regulatoria para cerrar nuevas alianzas y ampliar su infraestructura de pagos dentro del mercado europeo.
BitPay no es la única compañía que acelera su desembarco regulado en Europa. En mayo, la subsidiaria europea de zerohash obtuvo una licencia de Institución de Dinero Electrónico otorgada por el banco central de Países Bajos.
Aunque habilitan servicios diferentes, las dos licencias reflejan cómo el nuevo marco regulatorio europeo empieza a transformar el negocio de la infraestructura cripto.
La aprobación de BitPay coincide con el inicio de una nueva etapa para MiCA. Desde julio, las empresas que quieran ofrecer servicios con criptoactivos en la Unión Europea deben cumplir con el nuevo marco regulatorio, mientras las autoridades siguen de cerca el impacto de esa transición.
En ese marco, la Autoridad Europea contra el Lavado de Dinero (AMLA) advirtió que la migración masiva de usuarios tras la finalización del periodo transitorio de la Ley MiCA presionaría el cumplimiento normativo de los proveedores cripto en la Unión Europea.
El organismo teme que tanto los retiros acelerados como la incorporación de nuevos clientes generen riesgos de lavado de dinero y fallas en los controles de las plataformas.
El 1 de julio de 2026 concluyó el plazo de 18 meses que la Unión Europea otorgó para que los proveedores de servicios de criptoactivos (CASP) obtuvieran licencia bajo el Reglamento MiCA. Desde esa fecha, cualquier empresa que no cuente con autorización debe cesar operaciones en el bloque comunitario.
La Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) reforzó esta exigencia, ordenando medidas inmediatas de cierre para las plataformas no autorizadas.
Bruna Szego, presidenta de la AMLA, explicó ante el Parlamento Europeo que la transición genera dos focos de riesgo:
Empresas que abandonan la UE: enfrentan una ola de retiros de clientes que puede desbordar sus sistemas de cumplimiento y aumentar la exposición a operaciones sospechosas.
Proveedores licenciados: deben absorber un gran volumen de nuevos usuarios, lo que eleva la carga sobre procesos de verificación, monitoreo y prevención de lavado de dinero.
La funcionaria subrayó que "sabemos que los clientes se apresurarán a retirar sus fondos, lo que ejercerá presión adicional sobre los VASP", en referencia a los proveedores de servicios de activos virtuales.
La AMLA prepara un informe sobre riesgos de lavado de dinero en el sector cripto, que será publicado antes de fin de año.
El documento evaluará cómo los reguladores nacionales supervisan a los CASP y buscará coordinar acciones para lograr una vigilancia más uniforme en toda la Unión Europea.
Además, el organismo está ampliando sus capacidades de análisis blockchain para reforzar la trazabilidad de transacciones y detectar patrones de riesgo.