La Autoridad Europea contra el Lavado de Dinero (AMLA) advirtió que la migración masiva de usuarios tras la finalización del periodo transitorio de la Ley MiCA presionaría el cumplimiento normativo de los proveedores cripto en la Unión Europea.
El organismo teme que tanto los retiros acelerados como la incorporación de nuevos clientes generen riesgos de lavado de dinero y fallas en los controles de las plataformas.
El 1 de julio de 2026 concluyó el plazo de 18 meses que la Unión Europea otorgó para que los proveedores de servicios de criptoactivos (CASP) obtuvieran licencia bajo el Reglamento MiCA. Desde esa fecha, cualquier empresa que no cuente con autorización debe cesar operaciones en el bloque comunitario.
La Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) reforzó esta exigencia, ordenando medidas inmediatas de cierre para las plataformas no autorizadas.
Bruna Szego, presidenta de la AMLA, explicó ante el Parlamento Europeo que la transición genera dos focos de riesgo:
Empresas que abandonan la UE: enfrentan una ola de retiros de clientes que puede desbordar sus sistemas de cumplimiento y aumentar la exposición a operaciones sospechosas.
Proveedores licenciados: deben absorber un gran volumen de nuevos usuarios, lo que eleva la carga sobre procesos de verificación, monitoreo y prevención de lavado de dinero.
La funcionaria subrayó que "sabemos que los clientes se apresurarán a retirar sus fondos, lo que ejercerá presión adicional sobre los VASP", en referencia a los proveedores de servicios de activos virtuales.
La AMLA prepara un informe sobre riesgos de lavado de dinero en el sector cripto, que será publicado antes de fin de año.
El documento evaluará cómo los reguladores nacionales supervisan a los CASP y buscará coordinar acciones para lograr una vigilancia más uniforme en toda la Unión Europea.
Además, el organismo está ampliando sus capacidades de análisis blockchain para reforzar la trazabilidad de transacciones y detectar patrones de riesgo.