La Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) incorporó 14 nuevos proveedores de servicios de criptoactivos (CASP) a su registro provisional bajo el Reglamento de Mercados de Criptoactivos (MiCA), elevando a 294 el número de entidades autorizadas para operar dentro del marco regulatorio europeo.
Entre las nuevas incorporaciones se destacó Ripple Payments Europe, la filial europea de la empresa de infraestructura blockchain Ripple, junto con varias instituciones financieras tradicionales que avanzan en su estrategia de ofrecer servicios vinculados a activos digitales.
Esta actualización confirmó que el proceso de autorizaciones continúa, aunque a un ritmo más moderado que en las primeras semanas posteriores al cierre del período transitorio de MiCA.
En la revisión anterior, ESMA había sumado 37 empresas al registro, mientras que en esta ocasión el incremento fue de 14 entidades, lo que refleja una desaceleración en la emisión de nuevas licencias.
Además de Ripple Payments Europe, la lista incorporó también a entidades financieras tradicionales como:
La presencia creciente de bancos dentro del ecosistema regulado evidenció el interés del sector financiero convencional por ampliar su oferta hacia servicios relacionados con criptomonedas, incluyendo custodia, pagos, transferencias y compraventa de activos digitales.
El avance de estas instituciones se produjo en un contexto de consolidación del mercado europeo, donde MiCA estableció un marco regulatorio uniforme para los 27 Estados miembros de la Unión Europea.
El objetivo de MiCA fue equiparar los requisitos para emisores de criptoactivos y proveedores de servicios, fortalecer la protección de los inversores y reducir la fragmentación normativa que existía entre los distintos países.
Desde la entrada en vigor plena del reglamento, únicamente las empresas autorizadas pudieron ofrecer determinados servicios con criptoactivos en el mercado europeo.
Esto obligó a numerosos operadores, como fue el caso de Ripple, a iniciar procesos de adaptación, solicitar licencias o, en algunos casos, abandonar determinadas jurisdicciones mientras completan los requisitos regulatorios.
Exchanges como Binance tuvieron que cesar sus operaciones en el viejo continente, lo que afectó a su casi millón de clientes que debieron sacar sus fondos de la plataforma.
El co-CEO de Binance, Richard Teng, detalló cómo se distribuyeron los activos de usuarios europeos luego de la suspensión de determinados servicios vinculada al proceso regulatorio.
Según el ejecutivo, el 70% de los fondos retirados por clientes europeos migró directamente hacia carteras de autocustodia, lo que genera una brecha de vulnerabilidad para los usuarios.
Teng también detalló que únicamente el 30% terminó transferido a exchanges competidores autorizados bajo el régimen que opera en el viejo continente.
Diversos analistas consideraron que este escenario favorecerá una mayor concentración del sector y una participación creciente de entidades financieras con experiencia en cumplimiento normativo.
Junto con la ampliación del registro de empresas autorizadas, ESMA también actualizó la lista de entidades consideradas no conformes con la normativa.
De esta forma, se sumaron dos compañías tras medidas adoptadas por el regulador italiano CONSOB, elevando a 164 el total de organizaciones incluidas en esa lista.
El objetivo de este registro es ofrecer mayor transparencia a los inversores y facilitar la identificación de proveedores que no cumplen con las exigencias establecidas por el nuevo marco regulatorio.
La evolución del registro MiCA será uno de los principales indicadores para medir el grado de madurez del mercado europeo de activos digitales durante los próximos meses.
Mientras nuevas empresas continúan obteniendo autorización, el menor ritmo de incorporaciones podría indicar que la etapa inicial de adaptación está dando paso a un proceso más selectivo, en el que los supervisores revisan con mayor profundidad las solicitudes pendientes.
Al mismo tiempo, la incorporación de compañías como Ripple y de bancos tradicionales sugiere que la regulación europea está impulsando una mayor institucionalización del sector, con actores que buscan operar bajo un marco común y con estándares homogéneos en toda la Unión Europea.