La morosidad alcanzó niveles récord y se convirtió en uno de los principales obstáculos para que el crédito vuelva a funcionar como motor del consumo.
El Gobierno espera que una nueva expansión del financiamiento ayude a impulsar la actividad, pero los problemas de pago de los hogares limitan la capacidad del sistema financiero para volver a prestar.
Según la consultora 1816, la mora de las familias llegó al 12,7% del sistema financiero en mayo, con 5,8 millones de argentinos en situación de incumplimiento.
En una estimación similar, Analytica calculó que unos 5,3 millones de personas —el 27% de los 19,8 millones que tienen algún crédito— atraviesan dificultades para pagar.
El deterioro responde a una combinación de factores:
Las proyecciones que circulan entre entidades financieras estiman que la mora del sector privado habría alcanzado un máximo en junio, con niveles de entre 7,8% y 8%, frente al 7,2% registrado en mayo.
A partir de allí, el indicador comenzaría a descender gradualmente hasta ubicarse entre 6,3% y 6,5% hacia diciembre. Incluso con esa mejora, el nivel seguiría siendo elevado y mantendría condicionada la expansión del crédito.
El crédito dejó de crecer en términos reales hace varios meses, por lo que ya no funciona como una herramienta capaz de compensar el aumento de los incumplimientos.
Los analistas coinciden en que una baja de la inflación será necesaria, pero no suficiente. Para que más personas puedan volver a acceder al financiamiento será clave que los salarios formales sostengan una recuperación, que mejore el empleo registrado y que aumente el ingreso disponible de los hogares.
La dinámica actual genera un círculo difícil de romper: la mora elevada obliga a los bancos a ser más cautelosos, mientras que la falta de expansión del crédito demora la normalización de la cartera.
Algunas entidades comenzaron a impulsar planes de refinanciación para aliviar la situación de los deudores, aunque esas medidas no alcanzan para resolver el problema de fondo si no mejora la capacidad de pago de las familias.
La mayor preocupación del mercado es que una parte de quienes hoy tienen problemas para pagar quede excluida durante un período prolongado del acceso al financiamiento.
El impacto es especialmente relevante entre los más jóvenes, ya que un historial de mora puede dificultar durante años la posibilidad de acceder a préstamos y otros productos bancarios.
La caída del crédito al consumo no responde solamente a una menor demanda de las familias. También refleja una mayor cautela de las entidades financieras a la hora de colocar nuevos préstamos.
En la práctica, esa estrategia ya se refleja en el mercado: límites de tarjetas que no se actualizan, mayores exigencias para aprobar préstamos personales y criterios más estrictos para acceder a financiamiento.
Belén González, analista financiera especializada en mercados de crédito, explicó que la postura de las entidades responde a una lógica de negocio.
"Lo que está haciendo la banca es racional desde la perspectiva del negocio. Si tenés el 12,7% de cartera irregular y no ves señales claras de que el consumo va a recuperarse, preferís comprar LECAP al 2,5% mensual sin riesgo antes que prestarle plata a alguien que puede no devolvértela", señaló.
Sin embargo, advirtió que una decisión que puede ser razonable para cada banco individualmente puede convertirse en un problema para el sistema si todas las entidades adoptan al mismo tiempo una postura más conservadora.
El resultado es un círculo difícil de romper: la mora alta reduce la oferta de nuevos préstamos y la falta de expansión del crédito mantiene elevado el peso de los incumplimientos.
El ratio de mora puede seguir alto incluso si comienza a mejorar, porque depende no solo de cuántos créditos entran en atraso, sino también del crecimiento del stock total de préstamos. Si los nuevos créditos no aumentan, la normalización del indicador será más lenta.
El impacto de la morosidad no queda limitado a quienes ya tienen atrasos. Con criterios de aprobación más estrictos y menor actualización de límites, cada vez más personas encuentran dificultades para acceder a nuevo financiamiento, incluso sin haber caído en incumplimiento.
El problema es que una parte de los hogares que antes calificaba para préstamos empieza a quedar fuera del sistema por la pérdida de capacidad de pago.
Lucrecia Simes, analista financiera especializada en consumo y crédito bancario, advirtió sobre este cambio: "El endurecimiento de los criterios de calificación bancaria está expulsando del sistema a personas que antes calificaban y hoy no".
"Una persona que pagó siempre, pero tiene un sueldo que no le alcanza desde el mes 20, empieza a perder acceso al crédito formal antes de incumplir un solo pago. El sistema se vuelve más restrictivo justo cuando más se necesita flexibilidad".