La regulación de los activos digitales en Estados Unidos atraviesa una instancia decisiva, luego de que el Senado avanzara con una nueva versión de la Ley CLARITY y definiera una fecha para su posible votación.
El proyecto unificado reúne propuestas de las comisiones bancaria y agrícola, mientras legisladores e integrantes de la industria buscan acelerar su tratamiento antes del receso legislativo de agosto.
Con apenas ocho días legislativos disponibles antes de la suspensión de agosto, los líderes republicanos aceleran las conversaciones para intentar que el Senado vote la Ley CLARITY durante julio.
El presidente de la comisión bancaria, Tim Scott, y el líder de la mayoría, John Thune, encabezan las gestiones para cumplir ese objetivo dentro de un calendario cada vez más ajustado.
La hoja de ruta contempla publicar durante la semana del 13 de julio un texto unificado que reúna los proyectos elaborados por las comisiones bancaria y agrícola bajo una única iniciativa.
Ese documento llevará oficialmente el nombre de Ley de Claridad para el Mercado de Activos Digitales y abriría el camino para que la votación tenga lugar el 20 de julio.
Mientras tanto, la industria intensificó la presión política: a comienzos de julio, más de 200 empresas, entre ellas Coinbase y Ripple, solicitaron formalmente al Senado acelerar la aprobación antes del receso de verano.
Aunque la Ley CLARITY avanza hacia una posible votación, todavía existen diferencias sobre algunos aspectos del proyecto que podrían modificar los apoyos políticos necesarios para lograr su aprobación definitiva dentro del Senado estadounidense.
Uno de los principales debates se concentra en una propuesta impulsada por los demócratas, que busca prohibir que altos funcionarios gubernamentales, incluido el presidente, mantengan vínculos comerciales con compañías del sector cripto.
El texto fusionado todavía no definió si los fiscales generales estatales tendrán autorización para iniciar demandas contra quienes incumplan esa restricción, una alternativa que permanece bajo análisis durante las conversaciones legislativas.
La falta de claridad sobre esta disposición generó preocupación entre dos demócratas que habían respaldado la versión aprobada por la comisión bancaria, quienes advirtieron que podrían retirar su apoyo al proyecto.
Frente a las críticas, la senadora Cynthia Lummis defendió la iniciativa y explicó: "Se trata de un marco de divulgación fácil para los consumidores sobre activos digitales. No es una adaptación de 1933, sino un marco diseñado para 2026 y más allá".
Lummis también respondió a los cuestionamientos de Elizabeth Warren sobre el financiamiento ilícito, destacando que la propuesta incorpora más de 16 garantías, mientras la Casa Blanca aún no validó el texto ni participó en las últimas negociaciones.
Además, la administración estadounidense señaló la falta de candidatos demócratas para ocupar los puestos minoritarios pendientes en la SEC y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC).
Más allá de esas diferencias, el Senado todavía debe resolver la preeminencia de la legislación federal sobre las normas estatales, otro tema pendiente antes de avanzar hacia una aprobación definitiva.
Incluso si la cámara alta aprueba la Ley CLARITY, la Cámara de Representantes deberá tratar y votar su propia versión antes de enviar el proyecto al presidente Donald Trump, un proceso condicionado además por tensiones internas entre los republicanos.
Ese escenario llevó a Galaxy Research a revisar recientemente sus estimaciones y reducir a 50-50 la probabilidad de que Estados Unidos logre aprobar un marco regulatorio federal para los activos digitales antes de finalizar este año.
Aun así, la ventana comprendida entre el 13 de julio y el 7 de agosto continúa siendo considerada la mejor oportunidad para que la industria obtenga una ley antes de las elecciones de medio mandato.