Tras una larga disputa entre juzgados, los expedientes vinculados a Generación Zoe serán investigados juntos en Comodoro Py por jueces federales
29.06.2026 • 10:34hs • Decisión de la Justicia
Decisión de la Justicia
Generación Zoe: unifican en Comodoro Py las causas por lavado de dinero y estafas
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La megacausa penal que investiga el entramado financiero de Generación Zoe dio un vuelco institucional decisivo en los tribunales federales. Tras un prolongado conflicto de competencia territorial, la Justicia resolvió unificar todos los expedientes vinculados a las maniobras de lavado de dinero y estafas en los juzgados de Comodoro Py.
La decisión concentra las denuncias presentadas por más de un millar de damnificados que confiaron sus ahorros a la organización liderada por Leonardo Cositorto, centralizando la investigación de una de las mayores defraudaciones bajo la modalidad de esquema Ponzi registradas en la historia penal reciente de la Argentina.
El traslado definitivo de las causas hacia los tribunales de Retiro busca dotar de mayor celeridad a un proceso que se encontraba fragmentado en múltiples jurisdicciones provinciales.
Según se desprende de las resoluciones judiciales, la unificación bajo el fuero federal responde a la complejidad y transnacionalidad de las operaciones financieras, las cuales incluían la creación de activos digitales propios, fideicomisos sin autorización y transferencias internacionales de fondos opacas.
Cómo impacta la concentración del expediente en los damnificados
La unificación de las denuncias en un único juzgado federal promete agilizar la recolección de pruebas y el rastreo de los bienes remanentes de la organización.
Los abogados de las querellas que representan a las víctimas señalaron que la dispersión de los expedientes beneficiaba las estrategias de defensa de los imputados, dificultando la consolidación de una acusación unificada por asociación ilícita.
La investigación en Comodoro Py se enfocará de manera prioritaria en determinar la ruta del dinero y desentramar la red de testaferros y sociedades pantalla que se utilizaron para blanquear los fondos captados de los inversores minoristas.
La resolución judicial se produce en momentos en que varios de los principales directivos de la organización, incluido Cositorto, afrontan prisiones preventivas y juicios orales paralelos en distintas provincias por estafas reiteradas.
La centralización en el fuero federal marca la pauta de la gravedad institucional asignada al caso por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), cuyas estimaciones iniciales sobre el perjuicio económico global continúan expandiéndose a medida que nuevos damnificados se presentan ante las fiscalías de turno.
