Las víctimas del caso $LIBRA acusaron a los responsables del colapso de la criptomoneda de operar como una "red de crimen organizado" y pidieron a la Justicia que rechace el intento de apartarlas de la causa. Según la investigación, las maniobras habrían dejado pérdidas para más de 40.000 personas y permitido retirar cerca de u$s100 millones.
El planteo fue presentado ante el juez Marcelo Martínez De Giorgi por el abogado Nicolás Oszust, en representación del damnificado Martín Romeo, informó Ámbito.
La presentación responde al pedido que había formulado el empresario cripto Mauricio Novelli, uno de los principales investigados, para que los querellantes sean excluidos del expediente.
"Cuando existe soborno de funcionarios públicos, uso de información privilegiada sincronizada en milisegundos, manipulación de algoritmos, triangulación de facturas offshore y posterior vaciamiento de cajas de seguridad bancarias para lavar los activos sustraídos, no estamos debatiendo sobre riesgos de inversión financiera, estamos describiendo una red de crimen organizado", afirmó Romeo en el escrito.
La defensa de Novelli había sostenido que no hubo estafa porque los compradores del token asumieron voluntariamente los riesgos del mercado cripto. También argumentó que la publicación del presidente Javier Milei no fue una recomendación de inversión ni incluyó promesas de ganancia.
Los damnificados rechazaron esa lectura. Según su versión, $LIBRA fue presentado como un proyecto legítimo con respaldo institucional del Estado argentino para financiar startups y pymes, cuando en realidad se trataba de lo que en el mundo cripto se conoce como "rug pull": una trampa de liquidez armada de antemano para vaciar los fondos de los inversores.
Para las querellas, el rol de Milei fue clave. Señalan que fue el propio Presidente quien difundió el contrato para adquirir el token y le dio una credibilidad que empujó a miles de personas a invertir. La promesa de financiar emprendimientos, remarcan, nunca se cumplió.
Romeo fue más allá y denunció que los responsables usaron "el tráfico de influencias, la infiltración de la CNV, el uso de bots para manipular la liquidez con información privilegiada y la instrumentación de la figura del Presidente de la Nación como garante máximo de confianza".
El fiscal Eduardo Taiano, por su parte, describió una hipótesis en la que el equipo creador de la criptomoneda realizó ventas masivas que permitieron retirar cerca de USD100 millones. Parte de esas operaciones, según los querellantes, fueron automatizadas y ejecutadas apenas segundos antes del mensaje presidencial que impulsó el token. El monto que habría retirado el equipo creador asciende a USD44,5 millones.
Otra de las querellas, impulsada por el dirigente político y abogado Juan Grabois junto a los letrados Nicolás Rechanik y Yamil Castro Bianchi, sostuvo que "la hipótesis incorpora factores diferentes: posible manipulación coordinada, acceso anticipado a información, control concentrado del activo, finalidad económica aparente y retiro concertado de la liquidez aportada por los compradores".
En el expediente actúan cinco querellantes, todos inversores que aseguran haber perdido gran parte de sus ahorros. Su participación ya fue ratificada por la Cámara Federal, la Cámara de Casación y la Corte Suprema. También la había avalado la jueza Sandra Arroyo Salgado cuando la causa tramitaba en San Isidro.
"La banda no se limitó a mentir en un folleto; la estructura del Estado Nacional para dotar de una falsa legitimidad a un proyecto de desapoderamiento. Ese lavado de prestigio es el engaño idóneo, material y objetivo", sostuvo Romeo.
Los damnificados advierten que el intento de excluirlos del proceso busca lograr un sobreseimiento anticipado disfrazado de discusión técnica. Las querellas también pidieron las indagatorias de los principales implicados, incluida la de Milei. Ahora, el juez y la fiscalía deberán definir si hacen lugar al pedido de Novelli.