El Senado comenzará a debatir este miércoles una reforma de la Ley General de Sociedades impulsada por el Gobierno nacional que propone adaptar el marco legal argentino a las nuevas tecnologías.
Entre los cambios más novedosos figura la posibilidad de crear empresas administradas por sistemas de inteligencia artificial, capaces de operar sin empleados y con decisiones tomadas mediante algoritmos.
La iniciativa, elaborada por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que conduce Federico Sturzenegger, busca modernizar una legislación vigente desde 1972.
Según los fundamentos del proyecto, el objetivo es otorgar mayor libertad a los socios para organizar sus emprendimientos, reducir trámites burocráticos y avanzar hacia una digitalización integral de los procesos societarios.
Además, el texto incorpora la figura de las llamadas "Sociedades Automatizadas", estructuras que podrían funcionar mediante inteligencia artificial sin necesidad de contar con personal para sus operaciones habituales.
También contempla el reconocimiento legal de las DAO (Organizaciones Autónomas Descentralizadas), entidades que utilizan tecnología blockchain, registros digitales y sistemas de participación representados por tokens.
Entre otras modificaciones, la reforma habilita el uso de domicilios electrónicos, libros digitales, asambleas virtuales y la constitución de sociedades mediante firma digital.
Además, el Gobierno busca ampliar los bienes que pueden ser aportados a una empresa, incluyendo activos digitales, créditos y otros bienes intangibles con valor económico.
Desde el Gobierno sostienen que estos cambios permitirán atraer inversiones y adecuar la normativa a las nuevas formas de producción y organización empresarial.
También desde el Ejecutivo prevén una mayor autonomía para resolver conflictos internos mediante arbitrajes y mecanismos privados.
Sin embargo, la propuesta ya generó debate: especialistas advirtieron sobre los desafíos que plantea la responsabilidad legal de empresas gestionadas por algoritmos y alertaron sobre posibles vacíos de control derivados de una menor intervención estatal.
A su vez, la ampliación de la autonomía societaria y la reducción de facultades de los organismos de registro ponen de manifiesto una serie de interrogantes sobre la transparencia y la supervisión de estas estructuras.