El domingo pasado, una publicación en el foro Ethereum Research desató una de las discusiones más intensas que la comunidad de la segunda criptomoneda del mundo tuvo en meses.
La propuesta, titulada "Validator Redirected Revenue" y presentada por Clément Lesaege (cofundador de Kleros), plantea un mecanismo a nivel de protocolo que permitiría a los validadores de Ethereum redirigir entre el 0% y el 10% de sus recompensas de staking hacia el financiamiento de bienes públicos del ecosistema.
El funcionamiento tiene un detalle clave que es el centro de toda la controversia: cada validador indicaría qué porcentaje de sus recompensas está dispuesto a redirigir, pero si una mayoría respalda una tasa superior a cero, esa contribución se volvería obligatoria para todos los validadores, incluidos los que votaron en contra.
Es un mecanismo de decisión colectiva con efecto vinculante sobre la totalidad de la red. Los validadores también podrían elegir los destinatarios de esos fondos, configurando sus preferencias en un contrato "divisor" que distribuiría el dinero redirigido entre las direcciones seleccionadas. El diseño está pensado para que los validadores puedan "configurar y olvidar" sus preferencias, en lugar de tener que votar subvención por subvención.
Es importante aclarar el estatus real de la iniciativa. No es una actualización aprobada, no es una EIP formal (Ethereum Improvement Proposal) y no modifica en nada el funcionamiento actual de la red. Es una publicación de investigación en etapa preliminar que busca generar discusión antes de avanzar hacia cualquier implementación técnica.
Más allá de la polémica, la propuesta aborda un problema genuino y de larga data en Ethereum, vinculado a cómo financiar los bienes públicos de los que depende toda la red.
Ethereum funciona sobre una amplia capa de infraestructura compartida, como herramientas para desarrolladores, investigación en seguridad, clientes de software, auditorías, proyectos de código abierto. No siempre tiene un modelo de negocio directo y todos los proyectos que operan sobre Ethereum se benefician de esa infraestructura, pero ningún actor individual tiene incentivos suficientes para pagar la factura completa cuando todos los demás pueden aprovecharla gratis.
"Es el clásico problema del free-rider. El resultado tiende a ser el subfinanciamiento crónico, a menos que intervengan la Ethereum Foundation, donantes o un puñado de equipos especialmente motivados", comenta a iProUP el analista cripto Pedro Martínez.
El argumento es que los validadores son los interesados naturales a largo plazo en resolver ese problema, porque una mejor financiación del ecosistema puede aumentar la actividad de la red, incrementar la quema de ETH y elevar el valor del ETH que tienen en staking.
Para Martínez, "bajo esa lógica, contribuir un porcentaje de las recompensas no sería una pérdida sino una inversión en el valor futuro de su propia posición".
Los números le dan dimensión a la apuesta. A los niveles actuales de participación, los validadores reciben aproximadamente 700.000 ETH al año en recompensas. Una redirección del 5% al 10% destinaría entre 50.000 y 70.000 ETH anuales al financiamiento del ecosistema. Alrededor de u$s120 millones a la cotización actual.
La propuesta fue rápidamente descrita por varios participantes como una especie de "impuesto" al staking, aunque técnicamente no lo sea porque, sencillamente, no hay un Estado ni una autoridad externa imponiendo la obligación.
La comparación surge precisamente del mecanismo de decisión. Una mayoría de validadores podría aprobar una redirección que terminaría aplicándose obligatoriamente a todos, incluso a quienes no quieren contribuir.
Ese es exactamente el punto que divide a la comunidad. Para los defensores, Ethereum necesita formas más sostenibles y predecibles de financiar su infraestructura común, sin depender eternamente de donaciones, fundaciones o rondas aisladas de grants.
Para los críticos, trasladar el poder de decidir quién recibe dinero del protocolo hacia la capa de consenso abre una puerta peligrosa: convertir decisiones técnicas en disputas políticas recurrentes.
Marcos Cardozo, analista especializado en protocolos blockchain consultado por iProUP, explica la tensión de fondo: "Ethereum genera enorme valor a través de infraestructura que nadie tiene incentivo individual para financiar."
El experto, sin embargo, advierte: "la solución que se propone toca el activo más delicado de la red, que es la neutralidad de su capa de consenso."
Para Cardozo, "el staking está diseñado para asegurar la red, no para administrar un presupuesto. En el momento en que los validadores empiezan a votar sobre a quién le dan plata, se introduce una dimensión política que antes no existía, y eso es muy difícil de revertir una vez que se instala."
La reacción negativa llegó rápido y desde voces influyentes del ecosistema. El desarrollador Félix del Giorgio rechaza la propuesta con dureza, advirtiendo que el mecanismo puede llevar la política a la capa de consenso y hacer al protocolo más frágil.
"La capa de consenso de Ethereum está diseñada para coordinar validación, seguridad y finalización de bloques, no para resolver disputas sobre asignación de presupuesto", señala
El riesgo más delicado que señalan los críticos es la cartelización de validadores. El propio Lesaege reconoce en su publicación que, si la mayoría se coordinara, puede elevar la tasa de redirección al máximo del 10% y canalizar esos fondos de vuelta hacia sí misma, capturando recompensas que de otro modo recibirían otros validadores.
El autor sostiene que ese comportamiento no sería estable en el tiempo, pero del Giorgio no comparte esa lectura: "El resultado más probable sería la aparición de un contrato autónomo de cartel donde los validadores participantes se beneficiarían a costa de quienes no participen."
Para el analista cripto Rodrigo Mansilla, "cualquier forma de 'impuesto' en una capa 1 requeriría mecanismos robustos de gobernanza on-chain que Ethereum hoy no tiene. Crear un sistema así en un momento en que la propia naturaleza invertible de ETH ya está siendo cuestionada puede aumentar la incertidumbre regulatoria sobre el activo."
Hay además una crítica estructural sobre quién decide y quién paga. La mayoría del ETH en staking no es operado por personas que corren sus propios validadores, sino a través de:
Esos operadores podrían establecer las preferencias de financiamiento, pero el rendimiento que se redirige pertenece en realidad a los poseedores de ETH que delegaron en ellos. Se crea así una brecha entre quien toma la decisión y quien la paga.
Entre todas las críticas técnicas, hay una que destaca por su sencillez y su contundencia. Si los validadores están dispuestos a renunciar a una parte de sus recompensas, ¿por qué no reducir directamente la emisión de ETH en lugar de crear un complejo mecanismo de redirección con votaciones, contratos divisores y preferencias de financiamiento?
Reducir la emisión tendría un efecto deflacionario directo sobre el ETH (beneficiando a todos los poseedores del token por igual) sin introducir la maquinaria política de decidir quién recibe los fondos redirigidos.
Esa objeción apunta al corazón del diseño. Es decir, la propuesta no solo busca que los validadores ganen menos, sino que ese diferencial vaya a destinatarios específicos elegidos mediante un proceso de votación, lo que inevitablemente politiza la asignación.
Rodrigo Mansilla resume el dilema: "Acá hay dos preguntas distintas que conviene no mezclar. Una es si Ethereum debería financiar mejor sus bienes públicos, y la respuesta es claramente sí. La otra es si la capa de consenso es el lugar correcto para hacerlo, y ahí la respuesta es mucho más dudosa".
Para el experto, "reducir la emisión es simple y neutral. Crear un mecanismo de redirección con votaciones es potente, pero abre la caja de Pandora de la gobernanza on-chain, que es justamente lo que Ethereum siempre intentó mantener fuera de su capa base. El valor de como infraestructura neutral depende de que nadie pueda capturar esa capa para sus propios fines."
La comunidad va a tener que elegir entre dos riesgos: seguir dependiendo de fundaciones y donaciones para financiar lo que sostiene a toda la red, con sus límites de escala y continuidad, o abrir la capa de consenso a decisiones presupuestarias, con el riesgo de politizar para siempre la base técnica que hizo a Ethereum confiable. Ninguna de las dos es gratis. Y esa, más que el porcentaje exacto de redirección, es la verdadera discusión que recién empieza.