La declaración jurada que Manuel Adorni presentó el miércoles ante la Oficina Anticorrupción y ARCA no fue solo una corrección contable. Según fuentes del propio Gobierno, la rectificación no busca convencer a la opinión pública. El objetivo real es cambiar de figura penal: pasar de enriquecimiento ilícito, que prevé entre dos y seis años de prisión efectiva, a omisión maliciosa, que suele recibir penas de ejecución condicional.
El fiscal federal Gerardo Pollicita investiga a Adorni por enriquecimiento ilícito, delito que prevé entre dos y seis años de prisión efectiva. Sin embargo, si el Jefe de Gabinete logra demostrar que los fondos no declarados existían antes de asumir en diciembre de 2023, la figura pasaría a ser "omisión maliciosa", que suele recibir penas de ejecución condicional.
Pollicita profundizará en los orígenes de los fondos cripto, investigará el historial laboral de los últimos 12 años de Adorni y se reunirá con los peritos de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero para que se incorporen los u$s500.000 que el funcionario declaró.
También solicitará la declaración jurada reservada de Bettina Angeletti, cónyuge del funcionario, como parte de las medidas destinadas a reconstruir el patrimonio familiar. El juez Lijo ya ordenó levantar el secreto bancario y fiscal del jefe de Gabinete, su esposa y la empresa AS Innovación Profesional, propiedad de la pareja.
El primer y más crítico agujero del relato es el que está antes del Bitcoin. Para justificar una ganancia de u$s300.000, primero hay que demostrar cómo se consiguió la inversión inicial y Adorni no lo hizo: no acreditó el origen de los fondos con los que él y su esposa habrían adquirido los criptoactivos, ni dejó en claro su correspondencia con ingresos declarados. Los expertos consultados identificaron la inconsistencia con precisión. "No acreditó el origen de los fondos con los que él y su esposa habrían adquirido los criptoactivos", resume el abogado Néstor Andrizzi a iProUP.
"Tampoco dejó en claro su correspondencia con ingresos declarados. Este vacío resulta relevante a efectos de determinar la licitud del capital inicial", agrega el profesional.
La Justicia investigará cómo hizo Adorni para ahorrar u$s200.000 e invertirlos. Si el jefe de Gabinete asegura que ese dinero fue hallado en la casa de sus padres, la investigación recaerá también en el resto de sus familiares hasta poder dar con el origen de los fondos. "La criptomoneda es la forma de demostrar que tengo ahorros en negro", dijo Adorni en LN . Pero la Justicia necesita documentar de dónde vino ese efectivo antes de que llegara a una billetera.
Las billeteras virtuales dejan una huella indeleble en la red en la que operan, y las de Adorni, aunque no estén a su nombre, deberán reflejar movimientos que coincidan temporalmente con los hechos y no choquen con las explicaciones que ofreció sobre su crecimiento patrimonial.
Los expertos señalan varios puntos débiles que la Justicia deberá resolver. Primero, la cronología contradictoria.
"Adorni ofreció versiones divergentes sobre el inicio de sus operaciones ("hace 13 años", "2013-2014", operaciones exhibidas de 2017-2018), sin reconstruir una secuencia temporal coherente", analiza la abogada Silvia Lorenzo. Con el precio promedio de Bitcoin en 2014 (u$s527) y en 2018 (u$s7.573), una inversión sostenida y bien ejecutada en esa franja habría generado una ganancia muy superior a los u$s300.000 declarados.
La segunda es la falta de identificación de instrumentos. "No precisó las direcciones de wallets, las plataformas de intercambio utilizadas ni las cantidades operadas, lo que impide la verificación independiente tanto en registros públicos (blockchain) como privados (exchanges)", precisa Lorenzo.
La abogada sintetiza el punto más delicado: tener hoy las claves privadas de una billetera no prueba que esas claves eran suyas hace diez años, ya que cualquier persona puede comprar una wallet con historial de operaciones antiguas. La Justicia necesitará que Adorni firme mensajes criptográficos desde las direcciones históricas (sin mover fondos) para demostrar que el control de esas claves data de 2013 y no de 2026.
El patrimonio inmobiliario presenta flancos igualmente complejos. Durante la investigación judicial trascendió que las refacciones de la vivienda en el country Indio Cuá costaron alrededor de u$s245.000, mientras que la posición presentada por el funcionario redujo ese monto a u$s170.000. La diferencia de u$s75.000 entre ambas estimaciones forma parte de la documentación que deberá acreditar.
La operación de compra del inmueble también tiene aristas que la Justicia revisará con detalle. Adorni describió un esquema de financiamiento con créditos sin intereses con jubiladas y amigos, sin cronograma de amortización y con formalización posterior, características que se apartan de las prácticas usuales y que en sede judicial podrían requerir justificación económica y documental adicional.
Reconoció una modificación en la titularidad del inmueble en el country Indio Cuá, previamente omitido o consignado de forma parcial junto a Angeletti, lo que podría configurar una declaración incompleta o inexacta bajo los estándares de integridad exigidos por la legislación vigente a funcionarios públicos. Hasta las últimas declaraciones conocidas, la propiedad figuraba solo a nombre de su esposa. En la rectificación, pasa a integrar el patrimonio de ambos con una participación del 50%.
El último eslabón de la cadena es también el más difícil de completar. No aportó evidencia sobre la fecha, modalidad ni destino de la eventual venta de criptoactivos, ni su reflejo en las cuentas bancarias en las que ingresaron esos fondos, lo que impide verificar su entrada al circuito formal.
La pregunta concreta es: si vendió Bitcoin entre 2013 y 2018 y obtuvo u$s300.000, ¿dónde fue ese dinero? Si pasó por un exchange con KYC, hay registro. Si fue por un operador informal, no existe comprobante que vincule la transacción on-chain con el efectivo que llegó a sus manos.
Indicó haber tardado tres meses en localizar documentación clave sobre el origen de los fondos, lo que plantea interrogantes sobre su disponibilidad, conservación y consistencia, elementos centrales en procesos de verificación patrimonial. Esa demora en la producción de prueba es, en sí misma, un dato que el fiscal Pollicita tendrá en cuenta al armar su requerimiento.
Adorni tiene una ventana técnica para sostener su relato. Si los exchanges, las cuentas bancarias y las firmas criptográficas históricas confirman su versión, la trazabilidad del blockchain hará el trabajo por su defensa. Pero si alguno de los nueve eslabones identificados por los expertos se quiebra (el origen del capital inicial, la titularidad histórica de las wallets, la correlación entre ventas y depósitos, la documentación de las refacciones o la estructura de los créditos inmobiliarios) la figura de enriquecimiento ilícito vuelve con toda su fuerza.
La diferencia entre omisión y corrupción no la define la declaración jurada rectificativa, la define la documentación que Adorni presente en Comodoro Py.