El pasado miércoles 10 de junio, Manuel Adorni presentó su esperada declaración jurada, ya que el Jefe de Gabinete es investigado actualmente por el juez Ariel Lijo en una causa por presunto enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función pública.
El dato que llamó la atención de todos en su declaración patrimonial fue que Adorni reportó ganancias por u$s513.000 obtenidas a través de operaciones con Bitcoin (BTC) entre los años 2013 y 2018, con una inversión inicial de u$s200.000.
Según reportó el funcionario, compró los BTC a un valor aproximado de u$s380 por unidad en 2013, para luego vender un total de 15 BTC a u$s6.800 cada uno y obtener una ganancia de u$s513.000 por la venta.
En contraposición, Marcela Pagano, la diputada del bloque Coherencia y excompañera del Jefe de Gabinete, aseveró que no existía ese mercado en Buenos Aires y ratificó que Adorni sería el argentino que más bitcoins movió en el país en esa época, en el marco de una entrevista con Radio 750.
Similar a lo que sucedió con $Libra, cuya causa está en investigación, estos hechos ponen en jaque a parte del ecosistema cripto y refuerzan la idea de sus detractores de que los activos digitales solo sirven para realizar maniobras ilícitas como lavado, blanqueo y evasión.
Guido Zatloukal, presidente de la Fundación Blockchain Argentina, explica a iProUP que el problema es la instalación de una imagen profundamente errónea sobre esta tecnología cuando desde el propio Gobierno se intenta asociar a blockchain y a las criptomonedas con una justificación de ingresos que no parece tener correlato con el patrimonio declarado de los funcionarios.
"Blockchain y cripto no son sinónimos de evasión, lavado ni opacidad. Bien utilizadas, son herramientas con enorme potencial para la Argentina, especialmente en la financiación de proyectos de la economía real, nuevos mecanismos de inversión y generación de valor para distintas industrias", sostiene.
Y añade: "Reducir todo ese potencial a una excusa para explicar inconsistencias patrimoniales, confunde a la opinión pública y perjudica a un ecosistema que viene trabajando hace años en educación, adopción responsable e innovación".
Agustín Crivelli, economista UBA y CONICET, resalta que el ecosistema cripto arrastra una estigmatización histórica, vinculada a casos como Silk Road, exchanges no regulados y lavado de activos, que nunca terminó de eliminar.
"Cuando el caso más visible de tenencia de criptomonedas en Argentina involucra a un funcionario investigado por enriquecimiento ilícito con activos no declarados durante años, se activa automáticamente esa asociación en el imaginario colectivo", enfatiza.
El economista subraya que "la paradoja es que el Bitcoin registra absolutamente todo lo que ocurre en su red, sostiene el economista, pero esa transparencia termina exactamente donde el dólar en efectivo empieza".
"El caso Adorni captura precisamente esa zona gris, es decir, la conversión a efectivo fuera del sistema, que es la que alimenta la desconfianza. Para el ciudadano que no distingue entre un exchange regulado y una billetera anónima, el mensaje que queda es que 'las criptos se usan para esconder plata'", hace hincapié.
Y agrega: "Además, hay una contradicción política: cuando el gobierno de Milei presentó las criptomonedas como herramienta de libertad financiera y el portavoz de ese gobierno protagoniza el mayor escándalo cripto del año, termina reforzando el cinismo sobre el ecosistema entero".
Por otro lado, los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales, PSAV, quedaron también en jaque ante este escándalo.
Crivelli manifestó que las empresas que estaban registradas ante la CNV ya operaban con una desventaja estructural porque pagaban más impuestos que los actores informales por el solo hecho de estar dentro del sistema.
El caso Adorni, según explicó el economista, agravó eso en tres planos:
Zatloukal añade que las PSAV quedaron en una situación de debilidad si se encarece su operatoria frente a competidores globales.
"Estas empresas compiten en un mercado internacional, donde los usuarios argentinos pueden acceder fácilmente a plataformas de otras jurisdicciones. Si a los operadores locales se les suman más costos o cargas regulatorias, se vuelven menos atractivos y muchos usuarios pueden terminar operando en plataformas extranjeras, donde quedan más desprotegidos", destaca.
"La función de la CNV debería ser proteger al usuario y ordenar el mercado, no regular por regular. Por eso cualquier medida que afecte al sector debería ser consultada con los operadores locales y adaptada a la realidad del público argentino", concluye.